Cronología Histórica de Guinea Ecuatorial

Patricio Lumumba, carta a su esposa, Pauline Lumumba, enero de 1961, una semana antes de su asesinato:

"Ninguna brutalidad, maltrato o tortura me ha doblegado, porque prefiero morir con la cabeza en alto, con la fe inquebrantable y una profunda confianza en el futuro de mi país, a vivir sometido y pisoteando principios sagrados. Un día la historia nos juzgará, pero no será la historia según Bruselas, París, Washington o la ONU sino la de los países emancipados del colonialismo y sus títeres".


jueves, 1 de enero de 1998

Año 1.998

1998

Enero
El día 21 de enero de 1998 se da a conocer la formación de un nuevo Gobierno.
El 23 de enero la oposición guineana denuncia la detención y tortura en diferentes comisarías de la isla de Bioco de más de 200 personas de la etnia bubi, sospechosos de pertenecer al Movimiento de Autodeterminación de la Isla de Bioco (MAIN), al que el Gobierno acusa de matar a cinco soldados y un civil.
La oposición, por su parte, acusa al Gobierno de haber desencadenado una persecución sistemática contra la población bubi en la Isla de Bioco.

Febrero
El 14 de febrero, el comité nacional de disciplina del partido del progreso (PP) destituye a Severo Moto como líder de esa formación política. En la misma reunión se acordó la disolución de la representación del PP en España, donde se encuentra Moto.
El 24 de febrero, el presidente Obiang, de visita en París, solicita al presidente francés Jacques Chirac el reforzamiento de la colaboración entre ambos países. Al término de la entrevista que ambos mandatarios mantuvieron en el Elíseo, Obiang anunció que el Gobierno francés aportará, de hecho, ayuda logística a la cumbre de jefes de Estado de países centroafricanos que se celebrará en diciembre en Guinea Ecuatorial.
El mismo día, el Parlamento de Guinea Ecuatorial proclama por unanimidad al francés como segundo idioma oficial.

Marzo
El presidente Obiang, invita al representante de la ONU para su país, Alejandro Artucio, a que visite Guinea “para que verifique si hubo o no genocidio con el pueblo bubi” lo que se llevó a cabo entre los días 22 a 25 del mismo mes de marzo. El ministro de Exteriores, Miguel Oyono, señaló que tales acusaciones sólo caben “en la mente de aquellos que han lanzado a un grupo de jóvenes bubis a esa aventura, para intentar hacer de ellos una explotación política para fines de intereses oscuros sobre Guinea Ecuatorial”.

En España: Caso Gal Verde.
19 de Marzo del 1.998. El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño acordó ayer procesar por pertenencia a banda armada al general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, al ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga, y a los ex agentes del cuartel de Intxaurrondo, Angel Vaquero, Enrique Dorado y Felipe Bayo, en relación con el caso Laza y Zabala.
El juez, en un auto hecho público ayer, considera que el general Galindo dirigía una de «las ramificaciones» de los GAL, «que estaba constituida por un número reducido e indeterminado de guardias civiles destinados en el Servicio de Información de la 513 comandancia, con sede en San Sebastián».
Además de Galindo, el magistrado considera que el entonces gobernador civil de la provincia, Julen Elgorriaga, «ocupaba un puesto destacado» en esta banda. Esta misma consideración la hace sobre el ex secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, al que no procesa por este delito al estarlo ya en el caso Marey que juzgará próximamente el Tribunal Supremo.
UN GRUPO JERARQUIZADO Y ARMADO.- En los fundamentos jurídicos del auto, tras un relato estremecedor sobre las detenciones, las torturas y los asesinatos de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, se indica que los que presuntamente participaron en los hechos, «sin destacar a otras personas a las que no se ha llegado a descubrir, son indiciariamente culpables de formar un grupo que, por sus objetivos, estructura claramente jerarquizada, medios, vocación de cierta permanencia y, naturalmente, armado, es constitutivo de un delito de pertenencia a banda armada».
El magistrado de la Audiencia Nacional se remite a un auto del Tribunal Supremo sobre el caso Marey para relatar «la formación de una banda organizada y armada llamada GAL», y añade que de los hechos acreditados por los asesinatos de Lasa y Zabala, se desprende «una técnica que parece homologada por aquellos vértices políticos y operativos que diseñaron los objetivos, y con la dramática convicción de que para los secuestrados y torturados, su única esperanza fuera la muerte».
Además de procesar por este nuevo delito a Galindo, Elgorriaga, Bayo y Dorado -todos ellos ya estaban acusados en este sumario por detención ilegal, tortura y asesinato-, el juez también acuerda en el auto procesar por estos tres tipos delictivos más el de pertenencia a banda armada al comandante Angel Vaquero Hernández, hasta ahora sólo imputado en el caso.
Según Gómez de Liaño, el comandante de la Guardia Civil «se encontraba en el centro de las acciones nucleares delictivas». Para el magistrado instructor, es Vaquero «quien indica la forma de interrogar a Lasa y Zabala», «quien está en La Cumbre de forma permanente», «quien canaliza todas las comunicaciones con los superiores», «quien supervisa», «quien indica cuándo se finalizan los interrogatorios» y «quien sabe que se los van a llevar».

Abril
Militantes de la opositora Convergencia para la Democracia Social (CPDS) y del Partido de la Unión Popular, fueron encarcelados el día 14 de abril, según denunciaron las mismas formaciones políticas.
El 21 de abril la oposición de Guinea envió una carta al Gobierno del presidente Obiang en la que le pedía que convocara a los países donantes para tratar sobre la financiación de las actividades del censo electoral para las elecciones legislativas previstas para 1998. La carta señalaba que “los miembros de los partidos políticos creen en la necesidad de una convocatoria urgente de los donantes para que éstos aporten la financiación”.

Mayo
Fuente: AI.
En mayo de 1998, un tribunal militar juzgó a más de 110 personas acusadas de estar implicadas en ataques contra varios cuarteles del ejército. El tribunal condenó a 15 de los encausados a muerte (a cuatro de ellos in absentia), y a unos 70 a penas de entre seis y 26 años de prisión. Al parecer, buena parte de los condenados, en su mayoría miembros del grupo étnico bubi, fueron detenidos sólo por su origen étnico. Muchos habían sido obligados a hacer declaraciones mediante tortura. Una delegación de Amnistía Internacional que asistió al juicio observó que varios procesados mostraban señales de tortura. Al menos seis de ellos habían muerto a consecuencia de la tortura durante el periodo de prisión preventiva y otros dos fallecieron después del juicio de mayo de 1998. Tras la imposición de la condena, varios reclusos han caído enfermos como resultado de las penosas condiciones de reclusión. A la mayoría se le ha denegado asistencia médica. Uno de los presos, Martin Puye, de 58 años, dirigente del Movimiento para la Auto-determinación de la Isla de Bioko (MAIB), murió en un hospital en julio de 1999, al parecer a consecuencia de los malos tratos y de la falta de asistencia médica adecuada. Otro recluso, Digno Sepa Tobachi, Elako, falleció en octubre de 1999 como resultado de la tortura y de la falta de asistencia médica.


Julio
Asesinato de Martín Puyé Topepe.




Martín Puye Topepe, lider Bubi de la oposición (pro Maib) condenado a 26 años decárcel, falleció el martes 14 de Julio en un hospital como consecuencia del mal trato y las torturas recibidos en prisión.
Los presos no reciben asistencia médica. El menú de la prisión es un trozo de pan duro, una sardina y un litro de agua para beber y asearse. No les permiten recibiralimentos de sus familiares.

Agosto
El día 13, un centenar de personas perdieron sus casas por las inundaciones ocurridas en Malabo y otros lugares de la isla de Bioco. El ministro de Exteriores y Cooperación Internacional, Miguel Oyono, informó que había sido un desastre sin precedentes. Las intensas lluvias originaron el desbordamiento de varios ríos y el hundimiento de dos puentes, uno de ellos entre Malabo y su aeropuerto y otro en la carretera que une la capital con la ciudad de Luba.

Septiembre
El presidente Obiang decidió el 10 de septiembre conmutar las quince penas de muerte impuestas por un tribunal militar, en junio, a miembros de la etnia bubi por las de cadena perpetua. Los condenados estaban en prisión por los delitos de “terrorismo, traición y tenencia ilícita de armas” como responsables de los ataques del 21 de enero, que causaron la muerte de un militar, dos policías y tres civiles.

Diciembre
El Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko (MAIB) denunció el 4 de diciembre que desde hacía tiempo se venían produciendo detenciones en diferentes poblados de la isla y en su capital, Malabo. los detenidos pertenecían en su mayoría a la etnia bubi y eran acusados de pertenecer al MAIB.

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Sucesos de Enero del 1.998 y detenciones posteriores.
(No habían municiones en las instancias militares asaltadas, con lo que no se pudo armar al pueblo. Habían armas pero NO MUNICIONES. En esas condicio0bnes, desconocidas, resistir era imposible. Lo que sucedió posteriormente, por lo de la seguridad de Obiang, que SI disponían de municiones, además de armas, ...)

Enero del 1.998.

Fuente:
Alejandro Artucio, Informe del 25 de Enero del 1.999
Informe sobre la situación de los derechos humanos en la República de Guinea Ecuatorial presentado por el Relator Especial de la Comisión, Sr. Alejandro Artucio, deconformidad con la resolución 1998/71 de la Comisión de Derechos Humanos


Apartado F. Derecho a la integridad, seguridad y libertad de las personas- Hechos ocurridos a partir del 21 de enero de 1998

1. Los ataques de enero de 1998
24. Como hiciera constar en la adición a su último informe a la Comisión (E/CN.4/1998/73/Add.1) en la cual relataba los resultados de su octava misión al país (22 a 25 de marzo de 1998), en la madrugada del 21 de enero de 1998, diversos hechos de violencia de considerable gravedad se registraron en la isla de Bioko, cuando un grupo armado de civiles atacó sucesivamente los puestos militares de Moka y Lubá, y el puesto de control de policía de Banapá, cercano a Malabo, lugar éste donde fue herido de gravedad un miembro de la fuerza policial. En el caso de Lubá, la acción armada se extendió al servicio de energía eléctrica y a la casa de la Delegada Gubernativa. Como consecuencia de estas acciones, los atacantes mataron a tres militares y tres civiles.
25. Decretado un estado de alerta máximo por las autoridades fueron desplazados gran cantidad de efectivos militares a las diversas ciudades y poblados, los que arrestaron a unas 550 personas. En las operaciones de búsqueda de los insurrectos, fueron muertos por las fuerzas de seguridad dos civiles, presumiblemente integrantes del comando atacante: los jóvenes Gustavo Mulé, en las afueras del poblado de Belebú, y Marcos Manuel Rope Bita, en las inmediaciones de Rebola. De acuerdo a testimonios recogidos in situ por la misión en marzo de 1998, ambos fueron capturados heridos, no conociéndose las causas de sus fallecimientos. Con posterioridad a los sucesos, murieron otros tres civiles que habían sido detenidos y trasladados a la comisaría central de policía de Malabo: el enfermero Ildefonso Bocubo, quien habría sido torturado hasta producirle la muerte, según testimonio de su familia; un joven del poblado de Belebú, Irineo Barbosa, que de acuerdo a testimonios recogidos por la misión en el poblado donde fuera capturado, al momento de su detención tenía un buen estado de salud; y Carmelo Djeck Bohopa, arrestado a la salida de una iglesia en la ciudad de Malabo. En ninguno de los casos, se practicaron autopsias a los fallecidos que hubieran permitido conocer las causas de sus muertes.
...
2. Represión que siguió a los ataques del 21 de enero de 1998
27. Tras los sucesos referidos, los lugares donde se sucedieron los hechos, los poblados donde se refugiaron parte de los atacantes y en aquellos otros donde es conocida la oposición de la etnia bubi al actual Gobierno, fueron ocupados desde los primeros instantes por gran cantidad de efectivos militares y miembros de las fuerzas de seguridad, acompañados por personas sin uniforme. Estos contingentes que buscaban a "insurrectos" y a quienes les ayudaron o prestaron apoyo, ocuparon durante un lapso de dos semanas dichas poblaciones, procediendo a ingresar sin orden de registro en las viviendas, muchas veces violentando sus puertas y ventanas, sometiendo a un trato vejatorio a la población civil, y llevando a cabo actos de pillaje, sustrayendo dinero, objetos y animales de los moradores y en algunos casos, exigiendo el pago de sumas de dinero, bajo amenazas de ser arrestados.

28. De las 550 personas originariamente arrestadas, permanecieron en prisión, bajo investigación, un número de 110, siendo liberados los restantes. En un primer momento, las mismas fueron concentradas en la comisaría general de policía y en la cárcel pública de Malabo (conocida como "Black Beach") en condiciones de total falta de higiene, hacinamiento y deficiente alimentación. Gran parte de ellos fueron sometidos a intensas torturas y golpizas, mostrando en su cuerpo (brazos y piernas) las heridas y señales del mal trato. Además, permanecieron largo tiempo incomunicados. Los abogados defensores de buena parte de dichos detenidos, los Sres. José Oló Obono y Fabián Nsue Nguema, tuvieron por tal incomunicación enormes dificultades para prestarles asistencia jurídica.

29. Los comandos que protagonizaron los sucesos del 21 de enero pertenecían en su totalidad a la etnia bubi. El Gobierno, en los primeros momentos los ha sindicado como pertenecientes al Movimiento para la Autodeterminación de la isla de Bioko (MAIB), sin que el Relator Especial haya podido verificar tal pertenencia, negada por las autoridades del MAIB. A su vez, los poblados ocupados militarmente y objeto del trato vejatorio a su población civil, como las personas detenidas, pertenecen también a la mencionada etnia.

3. El juicio militar a los "insurrectos"
30. Los acusados de la "tentativa insurreccional" del 21 de enero, fueron sometidos a juicio sumario y público ante un Consejo de Guerra (tribunal militar), que se celebró en Malabo, en el mes de mayo de 1998, en el cine Marfil. Los juicios militares en Guinea Ecuatorial, dado su carácter sumarísimo, y la limitación que generan al derecho de defensa, en particular a la producción de prueba de descargo por parte de los imputados, a la comunicación con sus defendidos, suelen afectar al estricto cumplimiento del debido proceso legal. Así lo ha sostenido Amnistía Internacional que envió dos observadores al juicio, la que afirmó al mismo tiempo la falta de correspondencia en muchos casos, entre las severas condenas pronunciadas y la concreta actividad que se les imputaba.
31. La sentencia dictada en este llamado "macrojuicio" en fecha 29 de mayo de 1998 impuso severas condenas. Entre ellas, 15 penas de muerte a Epifanio Mohaba Babo (juzgado en ausencia), Remigio Meta (juzgado en ausencia), Anastasio Bita Rope (juzgado en ausencia), Guillermo Salamon Echuaca ("Alex"; juzgado en ausencia), Alejandro Mbe Bita, Leoncio Kota Ripola, Norberto Biabeda Bela, Reginaldo Bosio Davis, Ruben Mosibe Biancho, Ramón Riasa Malabo, Emilio Rivas Esara, Gabriel Borico Baja, Bienvenido Samba Momesore, David Sonde Muachuku y Domingo Effiong Iboc. Las demás condenas dictadas por el Consejo de Guerra llegan en 37 casos a penas de 26 años de reclusión, en otros 14 casos a penas de 12 años de reclusión, y en los restantes, a penas de 6 años.
32. El Presidente de la República, por Decreto Nº 140/1998 de fecha 9 de septiembre, conmutó las penas de muerte por las de reclusión perpetua. Estas conmutaciones son valoradas por el Relator Especial -y así lo hizo saber al Gobierno- como un gesto altamente positivo, en el que el Jefe del Estado se hizo eco de las peticiones de la comunidad internacional, y contribuyó de esta manera a la pacificación de las relaciones con la etnia bubi a la que, como se tiene dicho, pertenecen los condenados.

4. La muerte de Martín Puye Topete
33. Esta persona, conocido opositor al Gobierno, cuyas constantes detenciones fueran señaladas en anteriores informes del Relator Especial, fue sindicado en el proceso militar celebrado como una de las principales cabezas del intento insurreccional del 21 de enero de 1998 y condenado a 26 años de reclusión en mayo; en el mes de julio falleció en el hospital regional de Malabo.

5. Nuevas detenciones relacionadas con los sucesos del 21 de enero de 1998
34. En la segunda mitad de noviembre de 1998, en la isla de Bioko, se produjeron detenciones de personas pertenecientes a la etnia bubi, acusadas de encubrimiento de los cabecillas prófugos y condenados en ausencia, del intento insurreccional del 21 de enero (Guillermo Salamon Echuaca ("Alex"), Anastasio Bita Rope y otros dos). Los detenidos han sido sometidos a las diligencias previas para su procesamiento. Se trata de 23 hombres y 7 mujeres, los que permanecen en la comisaría general de policía de Malabo, donde el Relator Especial y los integrantes de la misión, pudieron conversar en privado con ellos. La mayoría de los detenidos varones mostraban claras señales en sus brazos y piernas de lesiones producidas por las ligaduras con las que fueron elevados del suelo, como una forma de tortura para obligarlos a hablar. Se les acusa de haber facilitado el ocultamiento de los mencionados jefes insurrectos y de posibilitar su fuga en sendas embarcaciones (cayucos) hacia Camerún. Entre el grupo, se encuentran cuatro cameruneses, presuntamente vinculados a los hechos.

G. Otras detenciones políticas

35. Nuevamente han sido sometidos a prisión los ciudadanos Guillermo Nguema Ela (ex Ministro) y Felipe Ondó Obiang Alogo (ex Ministro y ex Presidente del Parlamento), dirigentes del nucleamiento Fuerza Democrática Republicana (FDR), que no tiene hasta la fecha el reconocimiento gubernamental como partido político, cuyos casos fueran expuestos en el informe presentado a la Comisión en 1998 (E/CN.4/1998/73, párr. 57), aun cuando en ocasión de su última visita habían sido puestos en libertad vigilada. De acuerdo a lo expresado por los mismos al ser entrevistados en la cárcel de Malabo, fueron condenados en un proceso judicial irregular, a instancias del Fiscal General del Estado, por el delito de "acusaciones y denuncias falsas", a una pena de dos años y seis meses de prisión, al pago cada uno de multa de 200.000 francos CFA (1 dólar de los EE.UU.= 600 francos CFA) más una indemnización conjunta al Estado de 25 millones de francos CFA (unos 42.000 dólares de los EE.UU., al cambio actual), con motivo de un comunicado suscripto por ellos en septiembre, en el que denunciaban que eran objeto de vigilancia y control extremo y temían se los involucrara en alguna acción que pudiera presentarse como tentativa de "golpe de Estado". Los condenados han denunciado el caso como una persecución política por opinar libremente y hacer públicas sus ideas. El Relator Especial que tiene en su poder una copia de la sentencia, no puede sino lamentar dicha sentencia, pues a su juicio, del texto del comunicado no surge actividad delictiva alguna, que estuviere castigada por la ley penal, sino el ejercicio de derechos reconocidos por la Ley Fundamental, como el de la libertad de expresión. La sentencia condenatoria ha sido recurrida ante la Corte Suprema de Justicia por el abogado defensor de ambos.

36. El conocido abogado defensor de causas penales y secretario general de uno de los partidos en trámite de reconocimiento, José Oló Obono, se encuentra en prisión en la cárcel pública de Malabo, condenado por el delito de "injurias al Gobierno", a cinco meses de prisión, al pago de multa de 200.000 francos CFA más una indemnización al Estado de 15 millones de francos CFA (unos 25.000 dólares de los EE.UU.). Del estudio de la sentencia pronunciada por el Tribunal de Apelación de la región insular -cuya copia obra en poder del Relator Especial- resulta que la conducta del abogado consistió en una dura y fuerte crítica a las autoridades, realizada en ocasión de una entrevista a la prensa española, con motivo de la muerte de su ex defendido, Martín Puye Topete (véase el párr. 33). No puede percibir el Relator Especial la comisión de delito alguno previsto en la ley penal, sino el ejercicio de derechos reconocidos por la Ley Fundamental, como el de la libertad de expresión. Al mismo tiempo la sentencia importa un castigo por haber pretendido asumir el libre ejercicio de su condición de abogado de la familia de su ex defendido, Martín Puye Topete, que reclamaba su cuerpo (principios 16, 17 y 23 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados).
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Asesinados por la seguridad de Obiang en los sucesos de Enero del 1.998:

* Gustavo Mulé.
* Marcos Manuel Rope Bita.
* Ildefonso Bocubo.
* Irineo Barbosa.
* Carmelo Djeck Bohopa.
* Martín Puye Topete.
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Condenados en la macro criminal farsa del cine Marfil de Mayo del 1.998:
15 penas de muerte a:
* Epifanio Mohaba Babo (juzgado en ausencia).
* Remigio Meta (juzgado en ausencia).
* Anastasio Bita Rope (juzgado en ausencia).
* Guillermo Salamon Echuaca ("Alex"; juzgado en ausencia).
* Alejandro Mbe Bita.
* Leoncio Kota Ripola.
* Norberto Biabeda Bela.
* Reginaldo Bosio Davis.
* Ruben Mosibe Biancho.
* Ramón Riasa Malabo.
* Emilio Rivas Esara.
* Gabriel Borico Baja.
* Bienvenido Samba Momesore.
* David Sonde Muachuku.
* Domingo Effiong .

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miércoles, 1 de enero de 1997

Año 1.997

1997

Enero
El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, manifiesta en su primer discurso del año 1997, su voluntad política de “mantener un diálogo permanente y franco con todas las fuerzas políticas de la nación”. El discurso es criticado por el líder del Partido del progreso (PP), Severo Moto, para quien la actuación de Obiang “es diametralmente opuesta a sus buenas palabras”. Desde Madrid, Moto denuncia la detención del secretario de relaciones internacionales del PP, Roberto Esono, al tiempo que se conoce otra detención: la del dirigente del CPDS, Plácido Micó.
El 21 de enero, el Gobierno guineano suspende los presupuestos generales del Estado para el ejercicio de 1997, a causa de la falta de “concentración” sobre los ingresos procedentes del petróleo. El presidente Obiang anuncia que la prórroga del período de vigencia de los presupuestos obedece también a “imperativos de fuerza mayor”.
El 31 de enero, en un acto celebrado en la Cámara de Representantes del Pueblo, Obiang hace una invitación a los dirigentes de las formaciones políticas para que se reanude el diálogo entre su Gobierno y la oposición.

Febrero
El 5 de febrero se produce una manifestación, la primera en cinco años, para protestar contra la política urbanística del Gobierno.
Por otra parte, fuentes occidentales califican de “claro abuso de autoridad” la muerte a manos de la policía de Abaga Ndong, de 22 años, militante del partido Convergencia para la Democracia Social, que falleció a causa de las torturas que sufrió en la comisaría. Las autoridades guineanas anuncian la apertura de una investigación.

Marzo
El informe anual de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, incluye a Guinea Ecuatorial en la lista de países en vías de desarrollo que violan los derechos humanos.
El presidente ecuatoguineano asegura el 13 de marzo que su Gobierno “está dispuesto y preparado para asumir todos los criterios del IV Convenio de Lomé sobre la democratización y el respeto escrupuloso de los derechos humanos”. Obiang hace estas declaraciones a propósito de la visita a su país de Hans Carle, jefe de división para África Central de la Unión Europea (UE). (El convenio de Lomé regula la cooperación de la UE con las 70 ex colonias europeas en África, el Caribe y el Pacífico).
El día 18, el presidente Obiang se reúne con los representantes de la oposición y el Gobierno, dentro de las negociaciones que tienen lugar entre ambas partes.
El día 20, el Gobierno ecuatoguineano acepta que la ONU coordine las próximas elecciones legislativas de 1998. La decisión es adoptada en las conversaciones que mantienen desde hace un mes las autoridades de Guinea Ecuatorial con la oposición, en un intento de desactivar la tensión política que vive el país.

Abril
El 3 de abril se reanudan las conversaciones Gobierno-oposición que estaban bloqueadas desde hacía dos semanas. Las delegaciones estudian la posibilidad de convocatoria de elecciones legislativas antes de que termine la legislatura (21 de noviembre de 1998).

Junio
El 14 de junio se ilegaliza por decreto presidencial al Partido del Progreso (PP), que lidera el periodista guineano Severo Moto Nsa. La ilegalización del PP se produce un día después de que las autoridades acusaran a Moto Nsa de preparar supuestamente un golpe de Estado contra el General Obiang. (El 16 de mayo, las autoridades angoleñas habían interceptado en el enclave de Cabinda un barco ruso con armamento, al parecer, con destino a Guinea Ecuatorial).
El presidente Obiang, destituye el 27 de junio al ministro de Informa-ción y al de Transportes y Comunicaciones.

Julio
El secretario general del partido Fuerza Demócrata Republicana (FDR), Eloy Elo Nve, denuncia, el día 1 de julio, la detención de varios integrantes de su partido. Por otra parte, el líder de la Convergencia para la Democracia Social (CPDS), Amancio Gabriel Nsé, es asímismo detenido junto con otros trece militantes de su formación. Todos ellos serían puestos en libertad el día 7.
El día 10 de julio es destituido de su cargo de presidente del Partido del Progreso, Severo Moto, por decisión mayoritaria del partido que él mismo fundó.
El 11 de julio, Teodoro Obiang viaja a Francia para asistir, el día 14, a la conmemoración del día nacional francés. Obiang, que viaja acompañado por los ministros de Exteriores y Misiones de la Presidencia y el viceministro de Seguridad Nacional, se reúne con las autoridades galas para “reforzar” y “consolidar” las relaciones de amistad y cooperación francoguineanas.

Agosto
El 18 de agosto, Severo Moto es condenado a 101 años de prisión por “alta traición a la patria, intento de asesinato del jefe del Estado, atentado contra la forma de Gobierno y tenencia ilícita de armas y explosivos”. El Tribunal de Apelaciones de Malabo, donde empezó la vista el día 11 contra Moto y otras doce personas -ninguna de las cuales estaba en el país-, también decide la disolución del Partido del Progreso (PP).

Septiembre
El presidente Obiang culminó una visita de siete días a China en el cur-so de la cual se entrevistó con el primer ministro chino, Li Peng, a quien le manifestó su esperanza de que empresarios chinos inviertan en Guinea Ecua-torial, “con el fin de ampliar los vínculos económicos entre los dos países”.
El día 3, el presidente Obiang convoca una conferencia Económica Nacional (CEN) que se celebraría entre los días 8 al 13. En el curso de la conferencia, a la que asistió, entre otras, una delegación española encabeza-da por el subdirector del Instituto de la Cooperación Internacional, Eduardo López Busquets, Teodoro Obiang prometió cambios y mejoras económicas al tiempo que se perfiló una “estratégia económica a medio plazo”.

Octubre
El 24 de octubre, dirigentes y miembros de cinco partidos de la oposición en el exilio (FDR,UP,UDDS,PP y UDS), formaron un frente común para “luchar contra el régimen de Guinea Ecuatorial, a fin de instaurar en ese país un Estado de derecho”.
El Consejo de Liberación Nacional (COLINA) vino a sustituir a la Plataforma de Oposición Conjunta (POC).
El presidente de la comisión Europea, Jacques Santer, prometió el día 29 de octubre al presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, des-bloquear “progesivamente” la ayuda económica a su país suspendida desde 1991, “siempre que se respeten los derechos humanos, los principios demo-cráticos y el Estado de Derecho”. Por su parte, Obiang entrega a Santer una larga lista de medidas previstas por su Gobierno, cuyo principal objetivo es la convocatoria de elecciones legislativas democráticas en 1998.
En este sentido, el 17 de noviembre, una delegación de la UE llegaría a Guinea Ecuatorial donde mantendría reuniones con miembros del Gobierno y con los dirigentes de los partidos políticos de la oposición.
A finales de noviembre, el gubernamental Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE) saca adelante una ley que prohibe la coalición de partidos políticos de la oposición en las elecciones legislativas previstas para 1998.

Diciembre
En línea con las declaraciones del presidente ecuatoguineano según las cuales “el idioma francés será a corto plazo el segundo oficial”, Teodoro Obiang inaugura el día 2 el primer instituto de lengua francesa, el Colegio Francófono la Concordia. El ministro de Exteriores, Miguel Oyono, seña-la que “se trata de una experiencia piloto que servirá de base para otros centros de la misma naturaleza”.
El 14 de diciembre, la Comisión Europea y la República de Guinea suscriben un nuevo protocolo pesquero que extenderá las posibilidades de capturas desde el 1 de enero de 1998 al 31 de diciembre de 1999.

lunes, 1 de enero de 1996

Año 1.996

1996

Enero
El 12 de enero de 1996, el presidente Teodoro Obiang, convoca elecciones presidenciales para el 25 de febrero. La fecha supone un adelanto de cuatro meses sobre la establecida legalmente, lo que es calificado por la oposición como “inconstitucional”. Sin embargo la oposición decide pre- sentarse a las elecciones, si bien enfrentándose por separado (se produjo una ruptura en la POC) a Obiang (PDGE), cinco candidatos: Andrés Moisés Mba Ada, de la Unión Popular (UP), Amancio Gabriel Nze, de Convergencia para la Democracia Social (CPDS), Severo Moto, del Partido del Progreso (PP), Secundino Oyono Avong, de Convergencia Social Democrática y Popular (CSDP), y Buenaventura Mosuy Asumu, del Partido de la Coalición Socialdemócrata (PCSD).
Posteriormente, y tras denunciar que los preparativos y la propia cele-bración de los comicios son “antidemocráticos”, se retiran las candidaturas de tres de los líderes opositores: Severo Moto Nsa, del Partido del Progreso; Andrés Moisés Mba Ada, de Unión Popular; y Buenaventura Monsuy Asu-mu, del Partido de la Coalición Social Demócrata.

Febrero
Teodoro Obiang, presidente desde 1979, es reelegido el 25 de febrero, al obtener un 97 por ciento de los votos emitidos.

Marzo
Tras la investidura el 15 de marzo, del presidente Obiang para un nuevo periodo de gobierno de 7 años, el primer ministro Silvestre Siale Bileka, que había estado al frente del Gobierno durante cuatro años, presenta el 27 de marzo la dimisión de su gabinete. Nueve días antes de la dimisión del Gobierno, Obiang recibe, por separado, a siete líderes de la oposición para proponerles la conveniencia de que se integren en el próximo Gobierno de Unión Nacional para impulsar el proceso de democratización y participar así en la gestión y gobernabilidad del Estado. La oposición plantea “condiciones previas” para aceptar la oferta, tales como que la presidencia del Gobierno quedara en manos de un dirigente de la oposición, o disolver el Parlamento y formar una Asamblea Constituyente para reformar la Ley Fundamental.
A lo largo de los siguientes meses se producen diferentes detenciones en las personas de líderes políticos de oposición, tales como la de Amancio Nsé, del CPDS, por realizar una “campaña de desprestigio al régimen”. Nsé sería puesto en libertad el 28 de marzo o la de Celestino Bakale del CPDS, el 2 de mayo. Dichas detenciones son denunciadas por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, a lo que el gobierno de Obiang expresa su “total” disconformidad.
El 28 de marzo el presidente Obiang designa primer ministro de su Gobierno a Angel Serafín Dohugan, hasta entonces Secretario de Estado para la Función Pública.
Tras el nombramiento, las conversaciones que mantenían los partidos de la oposición y el Gobierno quedan congeladas, al entender la oposición que no tiene sentido seguir discutiendo sobre la composición del Gabinete.

Junio
El 12 de junio viaja a Malabo una delegación del grupo Africa, Caribe y Pacífico (ACP) para recabar información sobre la situación política del país tras los comicios presidenciales de febrero.

Julio
El 4 de julio el presidente Teodoro Obiang viaja a Gabón para una visita oficial, invitado por su colega Omar Bongo. Obiang está acompañado de altos miembros de su Gobierno para participar en la reunión anual de los jefes de Estado de los países miembros de la Unión Aduanera de los Esta-dos del Africa Central (UDEAC). El día 8, Obiang, se traslada a Camerún para tomar parte en la trigésimosegunda cumbre de los presidentes de los países que forman la Organización de la Unidad Africana (OUA), que se celebra en Yaundé, durante los días 8 al 10 de julio.
Por otra parte, fuentes de la oposición ecuatoguineana confirman el día 23 que se han venido produciendo detenciones de funcionarios en el entorno del presidente Obiang.

Septiembre
El Gobierno de Obiang solicita el 17 de septiembre la apertura de una negociación con Bruselas para que la Unión Europea admita una mejora en la situación en el país y desbloquee la cooperación con su país que se mantiene suspendida desde 1992 por “falta de respeto a los derechos humanos”, a excepción de ayuda humanitaria y de una contribución para la organización electoral.

Octubre
El día 29 el presidente Obiang convoca una Conferencia Económica Nacional -a la que esta invitada la oposición- para informar sobre la situa-ción económica del país y el uso de los ingresos generados por el petróleo. El mismo día, el presidente inaugura la explotación del campo petrolífero Zafiro por la multinacional estadounidense Mobil, que explotará ocho pozos para producir 40.000 barriles diarios, según los cálculos de a compañía. El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Oyono, manifiesta el 21 de octubre, que dicha iniciativa trataba de evitar que al Gobierno de Obiang “se le tilde de haber hecho uso indebido de los recursos”. Según Oyono, el objetivo de la reunión es la modernización socioeconómica del país, sobre todo en las necesidades básicas, como la electrificación de las grandes ciudades y zonas rurales. Oyono también puntualiza que la Conferencia no es “una conferencia Gobierno-oposición, sino una conferencia nacional para tratar asuntos económicos donde se invita a las fuerzas vivas del país”.

Noviembre
A mediados de noviembre el presidente Teodoro Obiang viaja a Roma, donde asiste a la Cumbre Mundial de la Alimentación.
El día 16, Celestino Bonifacio Bakale Obiang, secretario de Relaciones Internacionales de Convergencia para la Democracia Social (CPDS) de Guinea Ecuatorial, es liberado tras permanecer detenido en la Jefatura Superior de Policia de Malabo. El dirigente de la oposición y concejal del Ayuntamiento de la capital guineana, es interceptado en la calle el día 14 cuando regresaba a su domicilio después de salir del trabajo. Tras ser interrogado sobre su reciente viaje a los Estados Unidos en compañía de Plácido Micó, es puesto en libertad sin cargos.

domingo, 1 de enero de 1995

Año 1.995

1995

Enero
El 30 de enero de 1995, Severo Moto y Tomás Eló, del Partido del Progreso son detenidos en Malabo por ser, según un portavoz oficial guineano, responsables de delitos comunes. El mismo día en la capital de España, representantes del PP, PSOE, IU, y los sindicatos CCOO y UGT, así como la Asociación para la Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial constituyen la Plataforma de Apoyo a la Democratización de Guinea Ecuatorial. La Plataforma que nace con la pretensión de promover acciones que garanticen la evolución hacia una plena democracia en Guinea Ecuatorial, subraya el deber moral del pueblo español de solidaridad con el de Guinea Ecuatorial. En el acto de presentación de la mencionada Plataforma de Apoyo, Plácido Micó, coordinador general de la POC (Plataforma de Oposición Conjunta) afirma que en las últimas semanas se habían producido detenciones de políticos de la oposición, con el consiguiente reavivamiento de la “crispación y el miedo”. El 7 de marzo se hace público que el líder del PP, Severo Moto, había sido condenado a dos años y medio de cárcel y al pago de una multa de 12 millones de pesetas por “los delitos de corrupción activa y calumnias al jefe del Estado”. Además la condena conlleva la inhabilitación para ejercer cargos públicos y la supresión de sus derechos civiles. El 11 de abril, Moto sería excarcelado por unas horas a fin de grabar un mensaje que fue emitido por la radio nacional guineana. En él desmiente que haya recibido malos tratos y pide clemencia al presidente Obiang.

Febrero
Por otra parte, el 9 de febrero la Asamblea Paritaria de la Unión Europea y los países de África, Caribe y Pacífico (ACP), aprueban en Dakar una serie de resoluciones, entre ellas una sobre Guinea Ecuatorial, en la que se condena la” paralización del proceso de democratización”.

Abril
El 22 de abril, el Gobierno guineano aprueba un proyecto de ley según el cual se excluye como candidatos a las personas condenadas por atenta-do contra la seguridad del Estado, a los condenados por un crimen, a los privados de libertad por un tiempo superior a tres meses, a los declarados en rebeldía y a los que se hubiera dictado una orden de busca y captura. El proyecto de ley se refiere, asimismo, a los requisitos para ser candidato a la presidencia: ser guineano de origen, haber cumplido los 40 años y no sobrepasar los 70, saber interpretar la Ley Fundamental o Constitución, vivir en el país al menos durante los cinco años precedentes, no tener ninguna otra nacionalidad y estar casado.

Julio
A primeros de julio, Anacleto Bokesa y Luis Chonco, representantes del Movimiento para la Autodeterminación de la isla de Bioko (MAIB), acusan en Madrid al Gobierno de Guinea Ecuatorial de la “represión sistemática” de la etnia fang, que ocupa el poder, contra el pueblo bubi, que habita la isla, en donde está Malabo, la capital guineana. Los bubis, según palabras de Bokesa y Chonco, reclaman que se lleve a cabo un diálogo nacional en Guinea en el que se pueda plantear la autodeterminación del pueblo bubi, que no debe llevar “irremediablemente a la independencia, ya que se podrían arbitrar otras fórmulas”.
Del 15 al 19 de julio tienen lugar en Malabo una serie de reuniones entre el Gobierno y la oposición a fin de aunar criterios ante las próximas elecciones municipales. Al término de estas reuniones, tres partidos de la Plataforma de Oposición Conjunta (Convergencia para la Democracia Social, Acción Popular y alianza Democrática progresista) se niegan a fir-mar el acta por considerarla “insuficiente para crear un clima de distensión política”. Tras la firma del acta, el Gobierno de Guinea convoca elecciones municipales para el mes de septiembre.

Septiembre
Las elecciones municipales que se celebran el 17 de septiembre arrojan unos resultados oficiales que conceden 9 municipios para la POC, incluída la capital, Malabo. Sin embargo, según los datos que facilitan los interventores de los partidos adscritos a las mesas electorales - certificaciones de escrutinio-, los partidos de la oposición aglutinados en la Plataforma de Oposición Conjunta, obtienen la victoria en la mayoría de los municipios (20 de los 27) destacando las dos ciudades más pobladas Malabo y Bata. El censo electoral utilizado, integrado por 153.207 electores, había sido elaborado con la participación de los partidos políticos y la aportación financiera del grupo de donantes.

Octubre
En octubre tienen lugar diferentes detenciones de miembros del Movimiento para la Autodeterminación de la isla de Bioko (MAIB) y de miembros fundadores del partido Fuerza Democrática Republicana. La visita a Guinea Ecuatorial del relator de la ONU para los Derechos Humanos, propicia la liberación de varios de ellos. Por otra parte y gracias a la mediación española, el 13 de octubre es puesto en libertad el presidente del PP, Severo Moto.

Noviembre
El 26 de noviembre, Victoriano Bolekia, un maestro de 53 años militante de Acción Democrática progresista, partido integrado en la Plataforma de Oposición Conjunta, perteneciente a la etnia bubi, se convierte en el primer alcalde de Malabo elegido democráticamente.

sábado, 1 de enero de 1994

Año 1.994

1994

Enero
El día 21 de enero, el Parlamento Europeo pide la suspensión de toda la ayuda comercial y financiera, excepción hecha de la ayuda humanitaria, al régimen de Teodoro Obiang y protesta por la expulsión arbitraria del cónsul de España en Bata, Diego Sánchez Bustamante, quien había sido declarado, en diciembre del año anterior, persona non grata por el Gobierno guineano.

En España: Huelga general contra el gobierno felipista del PSOE y su reforma laboral:
El 27 de enero de 1994, España vive la cuarta huelga general convocada por los sindicatos desde 1985, con amplio seguimiento en sector de la industria y la enseñanza y desigual éxito en el sector de servicios. La respuesta del Gobierno es sostener su proyecto de reforma laboral, que es el origen del conflicto.

Marzo
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Fuente: Informe (1999) del Relator Especial de las NU Alejandro Artucio:
Es preciso destacar muy severamente las graves torturas a que fueron sometidos, al momento de su arribo a la ciudad de Bata, 15 detenidos en la localidad de Kogo por el presunto intento de asalto a un cuartel militar. Estas personas fueron sometidas a la jurisdicción militar, y un consejo de guerra las condenó, en julio de 1994, a largas penas de penitenciaría (de 12 a 30 años).
El día 28 de marzo de 1994, estas personas fueron conducidas a dependencias cercanas al puerto de Bata donde se les sometió a crueles torturas consistentes especialmente en ser amarrados fuertemente de brazos y piernas a un palo que luego era retorcido y elevado. Las amarras se incrustaron de manera tan fuerte en la carne que dos meses después, cuando fueron visitados por los miembros de la misión, casi todos ellos presentaban, en las muñecas y tobillos, heridas abiertas y supurantes de un diámetro cercano a los 3cms, sin que se les proporcionara ningún medicamento para paliar sus efectos. De las 15 personas torturadas, las lesiones más graves las presentaban los detenidos Basilio Bacale Obono, Clemente Mesi Obiang y Juan Mongomo Eboro. De acuerdo a las denuncias recibidas, dichas torturas les fueron infligidas en presencia de un militar con grado de teniente coronel.
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En España: Caso Fondos Reservados.
El 9 de marzo de 1994, EL MUNDO revela que altos cargos de Interior, además de Roldán, cobraron regularmente sobresueldos procedentes de los fondos reservados. Ese mismo día, el ex ministro Corcuera justifica en una entrevista en RNE el uso de los fondos para dar gratificaciones. La jueza Ana Ferrer detectará en diciembre talones del Banco de España por un total de 7.000 millones de pesetas.

En España: XXXIII Congreso del PSOE
Felipe González cierra el 20 de marzo de 1994 la crisis del partido, cediendo áreas de poder a los guerristas y desairando a los renovadores que esperaban un «escarmiento» por los escándalos de la «beautiful».

Abril
El 5 de abril se inicia la revisión del censo electoral en todo el territorio nacional, conforme a lo establecido en la orden del ministerio de Economía y Hacienda. De cara a las citadas elecciones municipales, el Gobierno urge a los partidos de oposición a que se registren y asignen observadores para el proceso electoral.
El 25 de abril el presidente ecuatoguineano acepta que el Parlamento reforme la ley electoral y otras normas promulgadas durante el Gobierno de transición y cuestionadas tanto por la oposición como por la comunidad internacional. La aceptación por Obiang de la reforma de las leyes, que eliminaba un escollo importante en el proceso democratizador del país, se produce durante el discurso que pronuncia el 25 de abril con ocasión de la apertura del primer período de sesiones de la Cámara de Representantes del Pueblo (Parlamento unicameral guineano), constituido tras las elecciones legislativas del 21 de noviembre de 1993.
A este respecto, la Plataforma de Oposición Conjunta (POC) difunde un comunicado en el que “valora positivamente” el pronunciamiento “claro y solemne” del jefe del Estado sobre la reforma de las leyes “y espera que el régimen establezca los mecanismos necesarios que permitan la participación de todas las fuerzas políticas de la nación para el estudio y perfeccionamiento de todas estas leyes, para que las mismas sean nítidas, objetivas y transparentes”.

En España: Caso Mariano Rubio (Ibercorp-2).
5 de abril de 1994. El Mundo revela que el ex gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, tenía una cuenta secreta, con 130 millones de dinero negro, en Ibercorp. La cuenta la gestionaba en línea directa con su amigo Manuel de la Concha, ex síndico de la Bolsa y presidente del banco. Rubio, que resultó ser dueño de un 4% de Ibercorp, estuvo ocultando dinero a Hacienda cuando era el máximo responsable del Banco de España. En septiembre de 1986 había dado un «pelotazo» de 115 millones con la salida a Bolsa de Sistemas AF. Tras hacer un penoso papel ante una comisión investigadora del Congreso, Rubio fue detenido, junto con De la Concha, el 4 de mayo. Ambos fueron acusados de delito fiscal y falsedad. Quedó en libertad el 19 de mayo, bajo una fianza de 15 millones. De la Concha salió de la cárcel el 30 de junio, con una fianza de 50 millones.

Mayo
El 25 de mayo el relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para Guinea Ecuatorial, Alejandro Artucio, manifiesta en la sede de dicha entidad en Ginebra, tras permanecer dos semanas en el país, que habían comenzado a poner en marcha las recomendaciones hechas por la Comisión. Artucio analiza con el presidente Obiang las impresiones recogidas y pasan revista a todos los temas que afectan al estado de los derechos humanos en el país. El funcionario internacional asegura que había encontrado en el presidente “buena voluntad” y que reitera su disposición a realizar todos los esfuerzos para que se respeten en su país los derechos humanos y políticos.

Junio
El 17 de junio el presidente Obiang viaja a la ciudad marroquí de Casablanca para una visita oficial. Marruecos es uno de los principales aliados de Guinea Ecuatorial en Africa.

Julio
A primeros de julio, el embajador estadounidense en Malabo entrega al ministro guineano de Asuntos Exteriores una nota en la que Washington comunica al país africano su decisión de reducir a un encargado de negocios el nivel de su representación en su embajada. Según la nota, la medida es consecuencia directa del “disgusto del Gobierno de Estados Unidos por la falta de un progreso creíble y mensurable en los derechos humanos y la democratización en Guinea Ecuatorial”. El ministro guineano de Exteriores, por su parte, rechaza las razones evocadas por Estados Unidos para rebajar a nivel de encargado de negocios su representación en Malabo.
El 4 de julio, la Plataforma de Oposición Conjunta (POC) pide al Gobierno el cumplimiento de lo suscrito durante la Conferencia de Donantes que había tenido lugar entre el 4 y el 5 de junio, y le recuerda el compromiso a mostrar su voluntad de dar al proceso democratizador “garantías de nitidez y transparencia”. El día 19 el Gobierno publica una Orden Ministerial según la cual se procedería a una profunda revisión del censo electoral.
El 25 de julio, el gobierno de Obiang emite un comunicado en el que asegura haber decidido llevar a los tribunales de justicia a Severo Moto, presiden-te del opositor Partido del Progreso, por su conducta “indigna y rastrera”.

Agosto
El 22 de agosto una delegación cubana encabezada por la viceministra para la Inversión Extranjera y Colaboración Económica, Noemí Benítez de Mendoza, inicia un “reencuentro con el Gobierno guineano sobre las relaciones de cooperación existentes entre Guinea Ecuatorial y Cuba”. La misión cubana se reúne con el primer ministro, Silvestre Siale Bileka, así como con los ministros de Exteriores, Sanidad y Medio Ambiente, Educación y Juventud y Deportes. Benítez recuerda que Cuba es uno de los países que coopera con Guinea Ecuatorial desde su independencia en 1968 y, aunque ambos Estados siguen manteniendo relaciones diplomáticas plenas, Cuba cerró hace cinco años su Embajada en Malabo por razones económicas y traspasó la representación ante el Gobierno guineano a su enviado en Nigeria.
El 25 de agosto el presidente Obiang condecora con la medalla de la Cruz de la Orden de la Independencia al embajador de Francia, Jacques Gasson, el término de su misión en el país centroafricano. En el acto, celebrado en el palacio Africa de Bata, el jefe del Estado guineano y el represen-tante francés repasan de forma general las relacionels de cooperación entre los dos gobiernos “dentro del consenso de la cooperación norte-sur”.

Septiembre
El 16 de septiembre, el ministro Portavoz del Gobierno, Fernando Nve, hace pública la decisión adoptada en Consejo de Ministros celebrado el día 9, según la cual se llevaría a cabo la reforma de algunos artículos de la Constitución, reguladores de los derechos de reunión y manifestación, de los partidos políticos, la ley electoral y la de educación. Reformas que, por otra parte, venían reclamando los partidos en la oposición como paso previo a una transición democrática transparente.
A lo largo de los meses siguientes varios líderes de la oposición denuncian públicamente que continúan los actos de intimidación, como el cierre de varias de sus oficinas en diferentes distritos del país y diferentes detenciones a miembros de los partidos políticos, así como a familiares y personas allegadas a ellos. Dichas denuncias son negadas por el propio Obiang en una rueda de prensa.

Noviembre
En España: Caso Palomino.
28 de noviembre de 1994. EL MUNDO publica que el cuñado de González, Francisco Palomino, ganó 346 millones gracias a un «pelotazo» que el facilitó el MOPU. La desmedida reacción de González lleva a precisar con más detalle que su cuñado lo que hizo fue vender su empresa en quiebra técnica por 310 millones a CAE, (luego comprada por Dragados), cuya cartera de obras para el sector público creció como la espuma desde ese momento, incluidas obras secretas en el búnker de La Moncloa.

Diciembre
En España: Caso GAL.
El 19 de diciembre de 1994, los ex policías Amedo y Domínguez, condenados por su vinculación con los GAL, declaran ante el juez Garzón implicando al Gobierno a través de altos cargos de Interior, jefes policiales y dirigentes socialistas. Ese mismo día ingresan en prisión Julian Sancristóbal, ex director de la Seguridad del Estado, y los policías Francisco Alvarez, Julio Hierro y Miguel Planchuelo. 9 de enero de 1995. Juan de Justo, secretario de Rafael Vera, es envíado por Garzón a la cárcel, por malversación de caudales públicos, en relación con la financiación de los GAL con Fondos Reservados. El 16 de febrero es encarcelado el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera y un día después, el antiguo dirigente socialista García Damborenea. A partir del 27 de diciembre, Amedo y Domínguez confesaron públicamente, a través de EL MUNDO, su intervención en la creación de una trama de terrorismo de Estado. Hasta el verano anterior estuvieron esperando un indulto, que quedó en la concesión del tercer grado el 26 de julio, tras multiples «mensajes" enviados al Gobierno.

viernes, 1 de enero de 1993

Año 1.993

1993

Enero
El Parlamento examina durante varios días el presupuesto general del Estado para 1993, la reforma de la ley orgánica del poder judicial y aprueba por unanimidad la ley electoral elaborada unilateralmente por el Gobierno tras la ruptura del consenso con la oposición.
El día 6, el Partido Unión Popular, informa de la detención de 18 oposi-tores al régimen guineano. Entre los detenidos se encuentran Samuel Oke Esono, Esteban Nsue Ngomo y Norberto Nsue Micha.
El día 7 de enero la Plataforma de Oposición Conjunta (POC), integrada por los partidos opositores, declara que boicotearán los comicios que se celebrarán en el primer semestre del año. La actitud continuará “mientras la arbitrariedad siga campando”, según declaran los dirigentes del Partido del Progreso y la Convergencia para la Democracia Social, Severo Moto y José Luis Nvumba.
El 19 de enero, las conversaciones entre el Gobierno y la oposición, que habían sido interrumpidas el 16 de noviembre de 1992, se reanudan en la sede de la presidencia del Gobierno. La oposición, que había roto unilateralmente las negociaciones de la ley electoral hasta que el Gobierno no aceptara sus reivindicaciones, expresadas en ocho puntos, solicita la reanudación del diálogo con el fin de “analizar en conjunto los aspectos y problemas que se presenten en el proceso de transición democrática”.
El día 22 el presidente Obiang se reúne con los dirigentes de los partidos políticos legalizados. Las conversaciones están ceñidas a la liberación de los presos políticos, la intervención de la Alta Comisaría de la ONU para los Refugiados (ACNUR) para el retorno y acomodación de los exiliados, así como la legalización de todos los partidos políticos, la libertad de circulación de las personas y la abolición de la censura, el libre acceso a los medios de comunicación, el cese de toda intimidación a la población y la libertad de ejercicio de la actividad política. La oposición plantea también la elaboración del censo electoral por una institución neutral, la elaboración conjunta del calendario electoral, el reconocimiento y observancia de la igualdad de derechos y de trato a todos los partidos y la subvención de estas formaciones con fondos públicos

Febrero
El día 10 comienzan las negociaciones entre el Gobierno y la Plataforma de Oposición Conjunta (POC) para desarrollar el proceso democratizador del país, puesto en marcha tras el nombramiento del Gobierno de transición en enero de 1992.

Marzo
Las negociaciones culminan el 18 de marzo con la firma en Malabo del llamado Pacto Nacional 1993. A este respecto, el día 22 la Oficina de Información Diplomática del Ministerio español de Asuntos Exteriores, hace público un comunicado en el que señala que acoge con satisfacción la firma del mencionado Pacto entre el Gobierno guineano y los representantes de los partidos políticos reunidos en la Plataforma de Oposición Conjunta.
La Comunidad Europea expresa ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, reunida en Ginebra, su “profunda preocupación” por la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial.
La Plataforma de Oposición Conjunta (POC) solicita el retraso de las elecciones que se habían anunciado para el primer semestre de 1993, a fin de que antes sea revisado el censo y la Ley Electoral. Además los dirigentes políticos de la oposición señalan que necesitan tiempo para presentar a sus dirigentes y sus programas a los ecuatoguineanos. Sin embargo para el presidente Obiang retrasar las elecciones sería “inconstitucional”.

Abril
Expertos de la ONU viajan a Malabo para supervisar la revisión del censo electoral, tal como se había acordado en las negociaciones entre el gobierno y la oposición.

Mayo
La POC se presenta como coalición electoral con vistas a las próximas elecciones legislativas. La coalición está formada por el Partido socialdemócrata (PSD), Alianza Democrática progresista (ADP), Unión Democrática Social (UDS), Convergencia Social Democrática y Popular (DSDP), Acción Popular (AP), Unión Democrática Nacional (UDENA) y Partido Socialista.
La Plataforma de Oposición Conjunta se niega el 5 de mayo a participar en una mesa redonda de donantes sobre la financiación del proceso electoral, que debía iniciar sus reuniones el 6 de mayo. En un comunicado la POC condiciona su participación en la mesa redonda a que el Gobierno “dé una respuesta” a sus inquietudes. Según la POC, el Gobierno había iniciado la revisión del censo unilateralmente y sin el concurso de técnicos de organismos internacionales. Asimismo, la oposición reprocha al Gobierno el “silencio absoluto” que muestra sobre la reforma de la ley electoral.
Mientras la representación en Guinea Ecuatorial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, pide un aplazamiento de la reunión de la mesa de donantes. En nombre de los países y organismos internacionales comprometidos a financiar el proceso democratizador de Guinea Ecuatorial, el PNUD expone que existe cierta inquietud entre ellos por lo que “una reunión de esta naturaleza no podría alcanzar los mejores resultados posibles si no se les da el tiempo necesario para analizar la documentación enviada por el Gobierno guineano y consultar con sus respectivos gobiernos y sedes las contribuciones concretas sobre el apoyo al proceso electoral”.
Los países comprometidos en la mesa de donantes son Francia, España, Estados Unidos, China, Nigeria y Marruecos, así como las representaciones de la CE y el PNUD.
Tras sucesivos aplazamientos, es suspendida indefinidamente el 20 de mayo. Los donantes entregan al Gobierno de Malabo un documento que contiene cinco puntos o condiciones para aceptar la reanudación de las reuniones, entre los que se incluye el pronunciamiento periódico de la comisión de vigilancia y seguimiento sobre el grado de cumplimiento del pacto nacional suscrito el 18 de marzo entre el Gobierno y la oposición. Asimismo se exige la revisión del censo electoral, con asistencia de técnicos internacionales y la aceptación por el Gobierno de la reforma de algunos artículos de la ley electoral, para “garantizar la neutralidad en la campaña, la votación y el escrutinio”.
También en mayo, Guinea Ecuatorial y la República de Suráfrica establecen relaciones diplomáticas.

En España: Caso Ferraz:
24 de mayo de 1993. Según descubre El Mundo, antes de la «recaudación» de fondos a través de la «trama Filesa», a lo largo de 1986 el PSOE puso en funcionamiento un mecanismo de recaudación irregular, para financiar gastos electorales y del referéndum sobre la OTAN. Son unos 1.500 millones, procedentes de comisiones y entregas de empresas. «Donaciones», según la definición del partido. El secretario de Alfonso Guerra llevaba en bolsas de deportes decenas de millones en metálico. El 13 de junio de 1993 el juez Moreiras llama a declarar a Emilio Alonso, (responsable de las finanzas socialistas) y Eduardo Gómez (coordinador de la secretaria de Ramón Rubial). Ambos son inculpados en el sumario de Macosa, empresa de la que el antiguo subsecretario de Industria Eduardo Santos se benefició de 1500 millones de pesetas, mediante la subrogación de una deuda «perdonada» por el Banco Central. El susodicho banco aparecía en la relación de empresas que pagaron grandes cifras por los informes de Filesa.

Junio
El 24 de junio la POC denuncia la actuación del embajador de Francia en Malabo al que acusa de desmarcarse del acuerdo unánime adoptado por los países donantes, que mantienen suspendida de forma indefinida la mesa redonda desde el 20 de mayo.
La Comisión de la CE decide el desbloqueo de fondos y la reanudación de la cooperación económica con Guinea Ecuatorial, paralizada a finales de 1992, “en función de los progresos cumplidos en la aplicación del Pacto Nacional”, suscritos entre el Gobierno y la oposición.

En España el 6 de junio de 1993 el PSOE es el partido más votado, pero sin lograr la mayoría absoluta. El 9 de junio, Jordi Pujol le reclama la cesión del 15% del IRPF, como primera medida para empezar a negociar posibles pactos de gobierno.

En España: Carlos Solchaga, Mohedano...
25 de junio de 1993. González impone al ex ministro Solchaga como portavoz del Grupo Socialista, con mínimo apoyo en la Ejecutiva Federal (15 a 13) y de los propios diputados (87 votaron a Solchaga, 66 a Martín Toval y 5 se abstuvieron). El diputado José María Mohedano, secretario del Grupo, es puesto en la picota a mediados de julio, por sus peculiares relaciones con un turbio empresario y el uso de un automóvil Jaguar de superlujo. El 20 de julio dimite Mohedano de su cargo en el Grupo. El 19 de octubre se sabe que Solchaga utilizó para sus vacaciones y la de su familia billetes «gratis total» de la empresa pública Trasmediterránea. El 4 de mayo de 1994, Solchaga renuncia a su acta de diputado al producirse el encarcelaminento del antiguo gobernador del Banco de España, Mariano Rubio.

Julio
El día 2 el presidente Teodoro Obiang disuelve la Cámara de Representantes y anuncia la constitución “en breve” de un Congreso multipartidista en el país. Los 60 diputados que componen la Cámara disuelta, elegidos por cinco años en 1988, pertenecían todos al Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), fundado por Obiang en 1986. La Ley Fundamental, la Constitución aprobada mediante referéndum en noviembre de 1991, establece que se convocarán elecciones legislativas en el país dentro de los próximos 60 días que siguen a la disolución de la Cámara.
En su discurso de clausura el jefe del Estado agradece a los diputados sus “ingentes esfuerzos desarrollados durante dos legislaturas sucesivas”, desde que en 1983 se inició el programa del “ensayo democrático”, pues a pesar de ser un Parlamento que pertenece a un solo partido político, ha trabajado en beneficio del interés nacional, para que no se estanque el proceso de democratización iniciado en 1982”.
El día 5 el Gobierno anuncia su compromiso a invitar a observadores internacionales para el proceso electoral. El compromiso había sido asumido como respuesta a los cinco puntos planteados por los países donantes para financiar dicho proceso. Asimismo se inicia el 8 de abril la revisión del censo electoral, para lo que se pide la asistencia de Naciones Unidas que el pasado 26 de junio había enviado a Guinea a dos expertos. Sin embargo, la revisión de la ley electoral, que también había sido planteado por los países y organismos donantes, no es atendida.
El 15 de julio el presidente Obiang anuncia la convocatoria por decreto de elecciones legislativas para el 12 de septiembre.
Ante la negativa de Obiang a reformar la actual Ley Electoral y confeccionar un nuevo censo, tal como habían exigido expertos de la ONU, doce de los trece países de la oposición, a excepción de la Convención Liberal Democrática (CLD), anuncian el 16 de julio su decisión de no concurrir a los comicios. A este respecto, el día 20 de julio el presidente Obiang “insta” a los doce partidos de la oposición a que “reconsideren su postura y participen libre, activa y democráticamente” en las elecciones legislativas.
El 28 de julio el Partido Liberal hace pública la decisión de presentarse a las elecciones legislativas, desmarcándose así del resto de los partidos que habían suscrito un comunicado abstencionista.

En España: Caso Aida Alvarez:
13 de julio de 1993. El juez admite una querella contra la ex empleada del PSOE Aida Alvarez, Miguel Molledo y Mangana, por estafa y falsedad. Testigos señalarán que Aida se jactaba de estar «ayudando al PSOE a recaudar 6.000 millones de pesetas». Tenía firma en cuentas del PSOE, al igual que Guillermo Galeote. Aida aparece mezclada en asuntos de comisiones del AVE y el manejo de cheques al portador de empresas como Seat (150 millones). Su compañero Molledo, piloto, organizaba para los líderes socialista vuelos en aviones particulares durante la campaña electoral.

Agosto
En la isla de Annobón tienen lugar una serie de manifestaciones contra el Gobierno que son reprimidas por las fuerzas de seguridad. Tras los altercados, una vez más Amnistía Internacional denuncia al régimen de Obiang, acusándole de practicar detenciones indiscriminadas y torturas.
El 18 de agosto el Gobierno de Guinea decide “por razones de Estado y de consenso” aplazar tres meses los comicios legislativos. En los días siguientes, el Gobierno reinicia sus negociaciones para alcanzar garantías democráticas en la celebración de los comicios. Sin embargo, el 25 de agosto y tras romper esas negociaciones, el presidente convoca las elecciones para el 21 de noviembre.
Días antes se produjo un dramático episodio con el resultado de muerte en la persona de Pedro Motú Mamiaga. Tras el incidente, las autoridades guineanas acusan a los partidos de oposición Unión Popular y Partido del Progreso de elaborar un plan para la “eliminación física” del jefe del Estado, Teodoro Obiang, y de varias personalidades del Gobierno. Según el ministerio del Portavoz, en ese plan había intervenido Motú, quien se habría suicidado al conocer la “gravedad de su implicación”. La comunidad internacional deplora el suceso así como las violaciones de derechos humanos y la falta de garantías personales en Guinea Ecuatorial. En el mismo sentido, la Oficina de Información Diplomática del Ministerio español de Asuntos Exteriores, hace público un comunicado en el que abunda en el tema y subraya que dichos aspectos no contribuyen a crear el clima necesario para el diálogo. Una muy débil respuesta ante un claro asesinato por motivos políticos.
Sobre el caso de Pedro Motú Mamiaga:

http://groups.google.com/group/decam/web/pedro-mot-mamiaga-oyana

El 26 de agosto, los partidos opositores Progreso, Unión Popular, Convergencia Social Democrática y Socialista, anuncian su decisión de mantener su postura de boicot a las elecciones convocadas para el día 21 de noviembre.

Septiembre
El 13 de septiembre la Plataforma de Oposición Conjunta (POC), decide no acudir a las elecciones legislativas de noviembre si no se alcanza un consenso previo con el Gobierno para estudiar las cuestiones electorales. A este respecto, el ministro de Administración Territorial, Julio Ndong, asegura que “el Gobierno ya no dispone de mecanismos técnicos jurídicos que permitan retocar la ley electoral”. El ministro argumenta que ello es una labor que corresponde al Parlamento pluralista que ha de surgir de las elecciones.

En España: Caso PSV.
13 de septiembre de 1993. El vicepresidente Serra asume la responsabilidad de buscar una solución al agujero detectado en la cooperativa PSV de UGT, cifrado en 20.000 millones. El gerente de la cooperativa, Carlos Sotos, dimite el 15 de septiembre. El 6 de octubre, Nicolás Redondo anuncia su retirada de la dirección de UGT en el próximo congreso. Tras anunciarse una convocatoria de huelga general para el mes de enero, Serra bloquea la concesión de un crédito. PSV presenta suspensión de pagos el 27 de diciembre, con un pasivo de 130.000 millones. El 29 de junio de 1994 Sotos ingresa en prisión, acusado de apropiación indebida. El dirigente de UGT Paulino Barrabés también pasa por la cárcel durante 15 días, del 5 al 20 de junio.

Noviembre
Con la presencia de observadores de la OUA (la ONU había declinado la invitación a la vista de lo “incorrecto del procedimiento electoral”) y con una abstención de más del 80 %, los resultados de las elecciones del 21 de noviembre proclaman vencedor al PDGE, partido del presidente Obiang que consigue 68 escaños de los 80 en liza. El resto de los escaños se repar-tien así: 6 para Convergencia Social Demócrata y Popular (CSDP), 5 para la Unión Democrática Social (UDS) y 1 para el Partido Liberal (PL). Tras el anuncio de los citados resultados, los partidos de la oposición que habían boicoteado la consulta, tachan los comicios de “simulacro de elecciones”. Severo Moto del Partido del Progreso declara que el Parlamento que resultaba de las elecciones es “anodino e ilegal”.
El día 22 el presidente Teodoro Obiang anuncia la formación del nuevo Gobierno. Los casi cuarenta miembros pertenecen al PDGE. Silvestre Siale Bileka, que había sido Primer Ministro del Gobierno interino, es confirmado en su cargo y al frente de la cartera de Exteriores es nombrado el anterior viceprimer ministro, Miguel Oyono.
Finalizadas las elecciones, los países occidentales critican la forma en que se han llevado a cabo, sin tener en cuenta los requisitos de objetividad y transparencia y sin la participación del núcleo más significativo de la oposición. Asimismo subrayan su esperanza en que las elecciones no pongan el punto final al proceso de apertura democrática que se había iniciado dos años antes, y que continúe el diálogo entre el Gobierno y los partidos políticos de oposición, en el espíritu del Pacto Nacional de marzo de 1993.

En España: Caso Luis Roldán.
El 23 de noviembre de 1993, informaciones periodísticas denuncian que el patrimonio personal del director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, ha se ha incrementado en 400 millones. El 3 de diciembre se anuncia el cese de Roldán, presentado como dimisión, tras una sucesión de informaciones que le vinculan al cobre de comisiones ilegales por obras de la Guardia Civil, a través de un testaferro, y al desvío de fondos reservados. El 24 de marzo de 1994 se constituye una comisión parlamentaria para investigar sus actividades. El fiscal pide que se le retire el pasaporte el día 27 de abril, y la jueza ordena la detención dos días después, al no comparecer para prestar declaración. El ministro de Interior, Antonio Asunción, que había señalado que la Policía tenía bajo control a Roldán, presenta su dimisión al constatarse el 30 de a abril que el ex director de la Guardia Civil se ha evaporado. El 3 de mayo. EL MUNDO publica una entrevista con el prófugo, en la que advierte que está dispuesto a «tirar de la manta».

En España: Caso Carmen Salanueva.
29 de noviembre de 1993. Detienen a la ex directora del BOE, Carmen Salanueva, por malversación de fondos. Se estima que pudo cometer un fraude de más de mil millones en la adquisición de papel prensa. El 1 de diciembre fue puesta en libertad.

miércoles, 1 de enero de 1992

Año 1.992

1992

La población no se resignaba a aceptar la dictadura de Obiang, y el miedo dejó paso, lentamente, al desafío.
En 1992, el impacto de la caída de algunos dictadores africanos fue extraordinario en Guinea. La población empezó a superar el miedo y las criticas al gobierno surgieron abiertamente. Las detenciones masivas de opositores registradas en febrero de 1992 tuvieron un amplio eco en la prensa española, y el PSOE se vio obligado a replantear su posición respecto a la dictadura guineana. El embajador en Malabo cursó una protesta formal ante el presidente guineano, el cónsul en Bata se destacó por su defensa de los presos políticos, y fue suspendida "por Fazones técnicas" la Comisión Mixta de Gestión de los Recursos de Cooperación.
Obiang respondió a las presiones españolas intensificando sus contactos con Francia. La creación de un "Ministerio de la Francofonia" era una clara provocación al gobierno español, que siempre ha temido perder su influencia en el único país de África Negra de lengua española.
Esta estrategia del gobierno guineano paralizó las protestas de España y Francia; quedando las reivindicaciones democráticas en manos del embajador estadounidense, John Bennet, muy activo en la defensa de los derechos humanos y frontalmente opuesto a la dictadura nguemista.
Ante la pasividad del PSOE, Adolfo Suarez se ofreció para actuar como mediador entre el Partido "Democrático" de Guinea Ecuatorial (PDGE, en el gobierno), y los partidos de la oposición, intentando utilizar la transición española como modelo para Guinea Ecuatorial. Suarez obtuvo el acuerdo de ambas partes, y en mayo de 1992 vistió Malabo, pero tuvo muchas dificultades en sus tareas, al ser sometido a un fuerte control policial. Las gestiones del ex-presidente español fructificaron con el indulto concedido por Obiang a algunos presos políticos, pero el gobierno guineano se opuso a que Suarez visitara de nuevo el país, y llegó a reforzar militarmente la vigilancia del aeropuerto de Malabo para evitar su entrada en el país.
Ante la postura del dictador guineano, Suarez, Izquierda Unida y el Partido Popular denunciaron la actitud dictatorial del PDGE, y el PP pidió que se suspendiera toda la cooperación con Guinea Ecuatorial hasta que Obiang demostrara claramente su voluntad-democratizadora. El PSOE, presionado por la oposición, solicitó tímidamente a Teodoro Obiang que impulsara la democratización del país, a lo que este respondió repudiando esta "injerencia en asuntos internos", y acusando a Severo Moto (uno de los principales portavoces de la oposición) de ser un "maleante manejado por España". Para evitar un mayor deterioro de las relaciones, el embajador español Arturo Abelló se negó a recibir a los representantes de la oposición, que se habían entrevistado, por las mismas fechas, con el embajador norteamericano.

Enero
El día 23 es designado un Gobierno de transición, compuesto exclusivamente por miembros del PDGE, mientras se establece el sistema político pluripartidista. Se decreta una amnistía general que se extiende a todos los exiliados políticos.

Febrero
Las autoridades judiciales guineanas decretan la detención de varios opositores al régimen de Obiang por calumnias al presidente e intentar sacar del país propaganda subversiva.
El ministro de Asuntos Exteriores y Francofonía, Benjamín Mba Ekúa Mikó comunica a los jefes de las representaciones diplomáticas acreditados en Malabo las restricciones impuestas sobre relaciones o contactos con la población local.

Septiembre
En septiembre de 1992, los mercenarios marroquíes detuvieron en Malabo al periodista español Jesús Navares, con el objetivo de bloquear su tarea informativa. La embajada española consiguió evitar que este fuera encarcelado, pero fue decretada su expulsión, bajo la acusación de espionaje en favor del gobierno español. A las criticas por violar el derecho a la libertad de prensa, Obiang respondía implicando a España en supuestas maniobras neocoloniales.
Superado este incidente, un nuevo factor fue a enturbiar las difíciles relaciones diplomáticas entre España y Guinea. En octubre de 1992 fueron detenidos en Bata los empresarios españoles Santiago Hanna (la mayor fortuna del país) y Salvador Vilarrassa. El gobierno guineano los acusaba de suministrar armas a la oposición guineana para preparar un movimiento guerrillero. Con esta acción, Obiang intentaba desprestigiar a la oposición (caracterizada por su pacifismo), pero también presionar a España, implicándola subrepticiamente en este affaire. La población guineana no creyó en ningún momento las teorías de Obiang, acostumbrada ya a los montajes publicitarios sobre espectaculares "complots" de potencias extranjeras. Pero la difícil situación de los dos empresarios (a los que se solicitaban duras penas de cárcel), obligó al gobierno español a intervenir. Las negociaciones fueron difíciles, y el PDGE llegó a amenazar con declarar el estado de sitio en Bata. Finalmente, los empresarios fueron indultados, pero durante unos meses el gobierno español no intercedió a favor de la democracia, por temor a perjudicar a los encarcelados (verdaderos rehenes con los que Obiang presionaba a España).

Octubre
Se legalizan cinco grupos opositores: Unión Popular, Partido del Pro-greso, Partido Socialdemócrata, Unión para la Democracia y el Desarrollo Social y la Alianza Democristiana.
El día 23, dos empresarios españoles son detenidos acusados de cons-pirar contra el Gobierno. Posteriormente son condenados a 12 años de prisión. La mediación del Gobierno español consigue su indulto.

Noviembre
11 partidos de la oposición crean la Plataforma de la Oposición Conjunta (POC).
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Fuente: AI:
El 24 de noviembre de 1992 la policía también actuó con gran violencia para disolver una manifestación estudiantil en Bata. Cuarenta estudiantes fueron detenidos y al parecer todos ellos fueron sometidos a tortura, registrándose algunos casos de especial gravedad.Guinea Ecuatorial introdujo un sistema político pluripartidista en enero de 1992 con la aprobación de leyes que permitían los partidos políticos y la libertad de reunión y manifestación. Anteriormente el único partido permitido era el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE). En aplicación de la ley sobre libertad de reunión se necesita permiso oficial para celebrar cualquier reunión de más de 10 personas y los organizadores de las reuniones o manifestaciones pueden ser encarcelados por delitos cometidos por otros participantes. A pesar de la aprobación de estas leyes, a lo largo de 1992 garn cantidad de personas han permanecido detenidas por breves períodos en Guinea Ecuatorial por participar en reuniones y manifestaciones políticas.Guinea Ecuatorial firmó la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en 1986 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1987.________________________
Diciembre
Tras la huelga de profesores y la revuelta estudiantil del día 17 se producen más de cien detenciones. Posteriormente, el 8 de enero de 1993, el Gobierno de Guinea Ecuatorial presenta una protesta formal contra varios diplomáticos de las Embajadas de España y Estados Unidos y de la Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas, a los que acusa de “injerencia en los asuntos internos del país”. El Gobierno de Malabo acusa a los diplomáticos de “estar detrás de la violencia, e instigar aquellas revueltas”.
Ante las detenciones masivas de estudiantes y opositores guineanos, el embajador norteamericano en Malabo, John Bennet, se enfrentó al español, Arturo Abelló, otorgándole la responsabilidad de estos sucesos.
Realmente, no cabe ninguna duda de que el gobierno español ha actuado en algunos casos con sorprendente debilidad - cuando no con clara complicidad - ante los excesos de la dictadura nguemista.