Año 1.993

1993

Enero
El Parlamento examina durante varios días el presupuesto general del Estado para 1993, la reforma de la ley orgánica del poder judicial y aprueba por unanimidad la ley electoral elaborada unilateralmente por el Gobierno tras la ruptura del consenso con la oposición.
El día 6, el Partido Unión Popular, informa de la detención de 18 oposi-tores al régimen guineano. Entre los detenidos se encuentran Samuel Oke Esono, Esteban Nsue Ngomo y Norberto Nsue Micha.
El día 7 de enero la Plataforma de Oposición Conjunta (POC), integrada por los partidos opositores, declara que boicotearán los comicios que se celebrarán en el primer semestre del año. La actitud continuará “mientras la arbitrariedad siga campando”, según declaran los dirigentes del Partido del Progreso y la Convergencia para la Democracia Social, Severo Moto y José Luis Nvumba.
El 19 de enero, las conversaciones entre el Gobierno y la oposición, que habían sido interrumpidas el 16 de noviembre de 1992, se reanudan en la sede de la presidencia del Gobierno. La oposición, que había roto unilateralmente las negociaciones de la ley electoral hasta que el Gobierno no aceptara sus reivindicaciones, expresadas en ocho puntos, solicita la reanudación del diálogo con el fin de “analizar en conjunto los aspectos y problemas que se presenten en el proceso de transición democrática”.
El día 22 el presidente Obiang se reúne con los dirigentes de los partidos políticos legalizados. Las conversaciones están ceñidas a la liberación de los presos políticos, la intervención de la Alta Comisaría de la ONU para los Refugiados (ACNUR) para el retorno y acomodación de los exiliados, así como la legalización de todos los partidos políticos, la libertad de circulación de las personas y la abolición de la censura, el libre acceso a los medios de comunicación, el cese de toda intimidación a la población y la libertad de ejercicio de la actividad política. La oposición plantea también la elaboración del censo electoral por una institución neutral, la elaboración conjunta del calendario electoral, el reconocimiento y observancia de la igualdad de derechos y de trato a todos los partidos y la subvención de estas formaciones con fondos públicos

Febrero
El día 10 comienzan las negociaciones entre el Gobierno y la Plataforma de Oposición Conjunta (POC) para desarrollar el proceso democratizador del país, puesto en marcha tras el nombramiento del Gobierno de transición en enero de 1992.

Marzo
Las negociaciones culminan el 18 de marzo con la firma en Malabo del llamado Pacto Nacional 1993. A este respecto, el día 22 la Oficina de Información Diplomática del Ministerio español de Asuntos Exteriores, hace público un comunicado en el que señala que acoge con satisfacción la firma del mencionado Pacto entre el Gobierno guineano y los representantes de los partidos políticos reunidos en la Plataforma de Oposición Conjunta.
La Comunidad Europea expresa ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, reunida en Ginebra, su “profunda preocupación” por la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial.
La Plataforma de Oposición Conjunta (POC) solicita el retraso de las elecciones que se habían anunciado para el primer semestre de 1993, a fin de que antes sea revisado el censo y la Ley Electoral. Además los dirigentes políticos de la oposición señalan que necesitan tiempo para presentar a sus dirigentes y sus programas a los ecuatoguineanos. Sin embargo para el presidente Obiang retrasar las elecciones sería “inconstitucional”.

Abril
Expertos de la ONU viajan a Malabo para supervisar la revisión del censo electoral, tal como se había acordado en las negociaciones entre el gobierno y la oposición.

Mayo
La POC se presenta como coalición electoral con vistas a las próximas elecciones legislativas. La coalición está formada por el Partido socialdemócrata (PSD), Alianza Democrática progresista (ADP), Unión Democrática Social (UDS), Convergencia Social Democrática y Popular (DSDP), Acción Popular (AP), Unión Democrática Nacional (UDENA) y Partido Socialista.
La Plataforma de Oposición Conjunta se niega el 5 de mayo a participar en una mesa redonda de donantes sobre la financiación del proceso electoral, que debía iniciar sus reuniones el 6 de mayo. En un comunicado la POC condiciona su participación en la mesa redonda a que el Gobierno “dé una respuesta” a sus inquietudes. Según la POC, el Gobierno había iniciado la revisión del censo unilateralmente y sin el concurso de técnicos de organismos internacionales. Asimismo, la oposición reprocha al Gobierno el “silencio absoluto” que muestra sobre la reforma de la ley electoral.
Mientras la representación en Guinea Ecuatorial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, pide un aplazamiento de la reunión de la mesa de donantes. En nombre de los países y organismos internacionales comprometidos a financiar el proceso democratizador de Guinea Ecuatorial, el PNUD expone que existe cierta inquietud entre ellos por lo que “una reunión de esta naturaleza no podría alcanzar los mejores resultados posibles si no se les da el tiempo necesario para analizar la documentación enviada por el Gobierno guineano y consultar con sus respectivos gobiernos y sedes las contribuciones concretas sobre el apoyo al proceso electoral”.
Los países comprometidos en la mesa de donantes son Francia, España, Estados Unidos, China, Nigeria y Marruecos, así como las representaciones de la CE y el PNUD.
Tras sucesivos aplazamientos, es suspendida indefinidamente el 20 de mayo. Los donantes entregan al Gobierno de Malabo un documento que contiene cinco puntos o condiciones para aceptar la reanudación de las reuniones, entre los que se incluye el pronunciamiento periódico de la comisión de vigilancia y seguimiento sobre el grado de cumplimiento del pacto nacional suscrito el 18 de marzo entre el Gobierno y la oposición. Asimismo se exige la revisión del censo electoral, con asistencia de técnicos internacionales y la aceptación por el Gobierno de la reforma de algunos artículos de la ley electoral, para “garantizar la neutralidad en la campaña, la votación y el escrutinio”.
También en mayo, Guinea Ecuatorial y la República de Suráfrica establecen relaciones diplomáticas.

En España: Caso Ferraz:
24 de mayo de 1993. Según descubre El Mundo, antes de la «recaudación» de fondos a través de la «trama Filesa», a lo largo de 1986 el PSOE puso en funcionamiento un mecanismo de recaudación irregular, para financiar gastos electorales y del referéndum sobre la OTAN. Son unos 1.500 millones, procedentes de comisiones y entregas de empresas. «Donaciones», según la definición del partido. El secretario de Alfonso Guerra llevaba en bolsas de deportes decenas de millones en metálico. El 13 de junio de 1993 el juez Moreiras llama a declarar a Emilio Alonso, (responsable de las finanzas socialistas) y Eduardo Gómez (coordinador de la secretaria de Ramón Rubial). Ambos son inculpados en el sumario de Macosa, empresa de la que el antiguo subsecretario de Industria Eduardo Santos se benefició de 1500 millones de pesetas, mediante la subrogación de una deuda «perdonada» por el Banco Central. El susodicho banco aparecía en la relación de empresas que pagaron grandes cifras por los informes de Filesa.

Junio
El 24 de junio la POC denuncia la actuación del embajador de Francia en Malabo al que acusa de desmarcarse del acuerdo unánime adoptado por los países donantes, que mantienen suspendida de forma indefinida la mesa redonda desde el 20 de mayo.
La Comisión de la CE decide el desbloqueo de fondos y la reanudación de la cooperación económica con Guinea Ecuatorial, paralizada a finales de 1992, “en función de los progresos cumplidos en la aplicación del Pacto Nacional”, suscritos entre el Gobierno y la oposición.

En España el 6 de junio de 1993 el PSOE es el partido más votado, pero sin lograr la mayoría absoluta. El 9 de junio, Jordi Pujol le reclama la cesión del 15% del IRPF, como primera medida para empezar a negociar posibles pactos de gobierno.

En España: Carlos Solchaga, Mohedano...
25 de junio de 1993. González impone al ex ministro Solchaga como portavoz del Grupo Socialista, con mínimo apoyo en la Ejecutiva Federal (15 a 13) y de los propios diputados (87 votaron a Solchaga, 66 a Martín Toval y 5 se abstuvieron). El diputado José María Mohedano, secretario del Grupo, es puesto en la picota a mediados de julio, por sus peculiares relaciones con un turbio empresario y el uso de un automóvil Jaguar de superlujo. El 20 de julio dimite Mohedano de su cargo en el Grupo. El 19 de octubre se sabe que Solchaga utilizó para sus vacaciones y la de su familia billetes «gratis total» de la empresa pública Trasmediterránea. El 4 de mayo de 1994, Solchaga renuncia a su acta de diputado al producirse el encarcelaminento del antiguo gobernador del Banco de España, Mariano Rubio.

Julio
El día 2 el presidente Teodoro Obiang disuelve la Cámara de Representantes y anuncia la constitución “en breve” de un Congreso multipartidista en el país. Los 60 diputados que componen la Cámara disuelta, elegidos por cinco años en 1988, pertenecían todos al Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), fundado por Obiang en 1986. La Ley Fundamental, la Constitución aprobada mediante referéndum en noviembre de 1991, establece que se convocarán elecciones legislativas en el país dentro de los próximos 60 días que siguen a la disolución de la Cámara.
En su discurso de clausura el jefe del Estado agradece a los diputados sus “ingentes esfuerzos desarrollados durante dos legislaturas sucesivas”, desde que en 1983 se inició el programa del “ensayo democrático”, pues a pesar de ser un Parlamento que pertenece a un solo partido político, ha trabajado en beneficio del interés nacional, para que no se estanque el proceso de democratización iniciado en 1982”.
El día 5 el Gobierno anuncia su compromiso a invitar a observadores internacionales para el proceso electoral. El compromiso había sido asumido como respuesta a los cinco puntos planteados por los países donantes para financiar dicho proceso. Asimismo se inicia el 8 de abril la revisión del censo electoral, para lo que se pide la asistencia de Naciones Unidas que el pasado 26 de junio había enviado a Guinea a dos expertos. Sin embargo, la revisión de la ley electoral, que también había sido planteado por los países y organismos donantes, no es atendida.
El 15 de julio el presidente Obiang anuncia la convocatoria por decreto de elecciones legislativas para el 12 de septiembre.
Ante la negativa de Obiang a reformar la actual Ley Electoral y confeccionar un nuevo censo, tal como habían exigido expertos de la ONU, doce de los trece países de la oposición, a excepción de la Convención Liberal Democrática (CLD), anuncian el 16 de julio su decisión de no concurrir a los comicios. A este respecto, el día 20 de julio el presidente Obiang “insta” a los doce partidos de la oposición a que “reconsideren su postura y participen libre, activa y democráticamente” en las elecciones legislativas.
El 28 de julio el Partido Liberal hace pública la decisión de presentarse a las elecciones legislativas, desmarcándose así del resto de los partidos que habían suscrito un comunicado abstencionista.

En España: Caso Aida Alvarez:
13 de julio de 1993. El juez admite una querella contra la ex empleada del PSOE Aida Alvarez, Miguel Molledo y Mangana, por estafa y falsedad. Testigos señalarán que Aida se jactaba de estar «ayudando al PSOE a recaudar 6.000 millones de pesetas». Tenía firma en cuentas del PSOE, al igual que Guillermo Galeote. Aida aparece mezclada en asuntos de comisiones del AVE y el manejo de cheques al portador de empresas como Seat (150 millones). Su compañero Molledo, piloto, organizaba para los líderes socialista vuelos en aviones particulares durante la campaña electoral.

Agosto
En la isla de Annobón tienen lugar una serie de manifestaciones contra el Gobierno que son reprimidas por las fuerzas de seguridad. Tras los altercados, una vez más Amnistía Internacional denuncia al régimen de Obiang, acusándole de practicar detenciones indiscriminadas y torturas.
El 18 de agosto el Gobierno de Guinea decide “por razones de Estado y de consenso” aplazar tres meses los comicios legislativos. En los días siguientes, el Gobierno reinicia sus negociaciones para alcanzar garantías democráticas en la celebración de los comicios. Sin embargo, el 25 de agosto y tras romper esas negociaciones, el presidente convoca las elecciones para el 21 de noviembre.
Días antes se produjo un dramático episodio con el resultado de muerte en la persona de Pedro Motú Mamiaga. Tras el incidente, las autoridades guineanas acusan a los partidos de oposición Unión Popular y Partido del Progreso de elaborar un plan para la “eliminación física” del jefe del Estado, Teodoro Obiang, y de varias personalidades del Gobierno. Según el ministerio del Portavoz, en ese plan había intervenido Motú, quien se habría suicidado al conocer la “gravedad de su implicación”. La comunidad internacional deplora el suceso así como las violaciones de derechos humanos y la falta de garantías personales en Guinea Ecuatorial. En el mismo sentido, la Oficina de Información Diplomática del Ministerio español de Asuntos Exteriores, hace público un comunicado en el que abunda en el tema y subraya que dichos aspectos no contribuyen a crear el clima necesario para el diálogo. Una muy débil respuesta ante un claro asesinato por motivos políticos.
Sobre el caso de Pedro Motú Mamiaga:

http://groups.google.com/group/decam/web/pedro-mot-mamiaga-oyana

El 26 de agosto, los partidos opositores Progreso, Unión Popular, Convergencia Social Democrática y Socialista, anuncian su decisión de mantener su postura de boicot a las elecciones convocadas para el día 21 de noviembre.

Septiembre
El 13 de septiembre la Plataforma de Oposición Conjunta (POC), decide no acudir a las elecciones legislativas de noviembre si no se alcanza un consenso previo con el Gobierno para estudiar las cuestiones electorales. A este respecto, el ministro de Administración Territorial, Julio Ndong, asegura que “el Gobierno ya no dispone de mecanismos técnicos jurídicos que permitan retocar la ley electoral”. El ministro argumenta que ello es una labor que corresponde al Parlamento pluralista que ha de surgir de las elecciones.

En España: Caso PSV.
13 de septiembre de 1993. El vicepresidente Serra asume la responsabilidad de buscar una solución al agujero detectado en la cooperativa PSV de UGT, cifrado en 20.000 millones. El gerente de la cooperativa, Carlos Sotos, dimite el 15 de septiembre. El 6 de octubre, Nicolás Redondo anuncia su retirada de la dirección de UGT en el próximo congreso. Tras anunciarse una convocatoria de huelga general para el mes de enero, Serra bloquea la concesión de un crédito. PSV presenta suspensión de pagos el 27 de diciembre, con un pasivo de 130.000 millones. El 29 de junio de 1994 Sotos ingresa en prisión, acusado de apropiación indebida. El dirigente de UGT Paulino Barrabés también pasa por la cárcel durante 15 días, del 5 al 20 de junio.

Noviembre
Con la presencia de observadores de la OUA (la ONU había declinado la invitación a la vista de lo “incorrecto del procedimiento electoral”) y con una abstención de más del 80 %, los resultados de las elecciones del 21 de noviembre proclaman vencedor al PDGE, partido del presidente Obiang que consigue 68 escaños de los 80 en liza. El resto de los escaños se repar-tien así: 6 para Convergencia Social Demócrata y Popular (CSDP), 5 para la Unión Democrática Social (UDS) y 1 para el Partido Liberal (PL). Tras el anuncio de los citados resultados, los partidos de la oposición que habían boicoteado la consulta, tachan los comicios de “simulacro de elecciones”. Severo Moto del Partido del Progreso declara que el Parlamento que resultaba de las elecciones es “anodino e ilegal”.
El día 22 el presidente Teodoro Obiang anuncia la formación del nuevo Gobierno. Los casi cuarenta miembros pertenecen al PDGE. Silvestre Siale Bileka, que había sido Primer Ministro del Gobierno interino, es confirmado en su cargo y al frente de la cartera de Exteriores es nombrado el anterior viceprimer ministro, Miguel Oyono.
Finalizadas las elecciones, los países occidentales critican la forma en que se han llevado a cabo, sin tener en cuenta los requisitos de objetividad y transparencia y sin la participación del núcleo más significativo de la oposición. Asimismo subrayan su esperanza en que las elecciones no pongan el punto final al proceso de apertura democrática que se había iniciado dos años antes, y que continúe el diálogo entre el Gobierno y los partidos políticos de oposición, en el espíritu del Pacto Nacional de marzo de 1993.

En España: Caso Luis Roldán.
El 23 de noviembre de 1993, informaciones periodísticas denuncian que el patrimonio personal del director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, ha se ha incrementado en 400 millones. El 3 de diciembre se anuncia el cese de Roldán, presentado como dimisión, tras una sucesión de informaciones que le vinculan al cobre de comisiones ilegales por obras de la Guardia Civil, a través de un testaferro, y al desvío de fondos reservados. El 24 de marzo de 1994 se constituye una comisión parlamentaria para investigar sus actividades. El fiscal pide que se le retire el pasaporte el día 27 de abril, y la jueza ordena la detención dos días después, al no comparecer para prestar declaración. El ministro de Interior, Antonio Asunción, que había señalado que la Policía tenía bajo control a Roldán, presenta su dimisión al constatarse el 30 de a abril que el ex director de la Guardia Civil se ha evaporado. El 3 de mayo. EL MUNDO publica una entrevista con el prófugo, en la que advierte que está dispuesto a «tirar de la manta».

En España: Caso Carmen Salanueva.
29 de noviembre de 1993. Detienen a la ex directora del BOE, Carmen Salanueva, por malversación de fondos. Se estima que pudo cometer un fraude de más de mil millones en la adquisición de papel prensa. El 1 de diciembre fue puesta en libertad.