1992
La población no se resignaba a aceptar la dictadura de Obiang, y el miedo dejó paso, lentamente, al desafío.
En 1992, el impacto de la caída de algunos dictadores africanos fue extraordinario en Guinea. La población empezó a superar el miedo y las criticas al gobierno surgieron abiertamente. Las detenciones masivas de opositores registradas en febrero de 1992 tuvieron un amplio eco en la prensa española, y el PSOE se vio obligado a replantear su posición respecto a la dictadura guineana. El embajador en Malabo cursó una protesta formal ante el presidente guineano, el cónsul en Bata se destacó por su defensa de los presos políticos, y fue suspendida "por Fazones técnicas" la Comisión Mixta de Gestión de los Recursos de Cooperación.
Obiang respondió a las presiones españolas intensificando sus contactos con Francia. La creación de un "Ministerio de la Francofonia" era una clara provocación al gobierno español, que siempre ha temido perder su influencia en el único país de África Negra de lengua española.
Esta estrategia del gobierno guineano paralizó las protestas de España y Francia; quedando las reivindicaciones democráticas en manos del embajador estadounidense, John Bennet, muy activo en la defensa de los derechos humanos y frontalmente opuesto a la dictadura nguemista.
Ante la pasividad del PSOE, Adolfo Suarez se ofreció para actuar como mediador entre el Partido "Democrático" de Guinea Ecuatorial (PDGE, en el gobierno), y los partidos de la oposición, intentando utilizar la transición española como modelo para Guinea Ecuatorial. Suarez obtuvo el acuerdo de ambas partes, y en mayo de 1992 vistió Malabo, pero tuvo muchas dificultades en sus tareas, al ser sometido a un fuerte control policial. Las gestiones del ex-presidente español fructificaron con el indulto concedido por Obiang a algunos presos políticos, pero el gobierno guineano se opuso a que Suarez visitara de nuevo el país, y llegó a reforzar militarmente la vigilancia del aeropuerto de Malabo para evitar su entrada en el país.
Ante la postura del dictador guineano, Suarez, Izquierda Unida y el Partido Popular denunciaron la actitud dictatorial del PDGE, y el PP pidió que se suspendiera toda la cooperación con Guinea Ecuatorial hasta que Obiang demostrara claramente su voluntad-democratizadora. El PSOE, presionado por la oposición, solicitó tímidamente a Teodoro Obiang que impulsara la democratización del país, a lo que este respondió repudiando esta "injerencia en asuntos internos", y acusando a Severo Moto (uno de los principales portavoces de la oposición) de ser un "maleante manejado por España". Para evitar un mayor deterioro de las relaciones, el embajador español Arturo Abelló se negó a recibir a los representantes de la oposición, que se habían entrevistado, por las mismas fechas, con el embajador norteamericano.
Enero
El día 23 es designado un Gobierno de transición, compuesto exclusivamente por miembros del PDGE, mientras se establece el sistema político pluripartidista. Se decreta una amnistía general que se extiende a todos los exiliados políticos.
Febrero
Las autoridades judiciales guineanas decretan la detención de varios opositores al régimen de Obiang por calumnias al presidente e intentar sacar del país propaganda subversiva.
El ministro de Asuntos Exteriores y Francofonía, Benjamín Mba Ekúa Mikó comunica a los jefes de las representaciones diplomáticas acreditados en Malabo las restricciones impuestas sobre relaciones o contactos con la población local.
Septiembre
En septiembre de 1992, los mercenarios marroquíes detuvieron en Malabo al periodista español Jesús Navares, con el objetivo de bloquear su tarea informativa. La embajada española consiguió evitar que este fuera encarcelado, pero fue decretada su expulsión, bajo la acusación de espionaje en favor del gobierno español. A las criticas por violar el derecho a la libertad de prensa, Obiang respondía implicando a España en supuestas maniobras neocoloniales.
Superado este incidente, un nuevo factor fue a enturbiar las difíciles relaciones diplomáticas entre España y Guinea. En octubre de 1992 fueron detenidos en Bata los empresarios españoles Santiago Hanna (la mayor fortuna del país) y Salvador Vilarrassa. El gobierno guineano los acusaba de suministrar armas a la oposición guineana para preparar un movimiento guerrillero. Con esta acción, Obiang intentaba desprestigiar a la oposición (caracterizada por su pacifismo), pero también presionar a España, implicándola subrepticiamente en este affaire. La población guineana no creyó en ningún momento las teorías de Obiang, acostumbrada ya a los montajes publicitarios sobre espectaculares "complots" de potencias extranjeras. Pero la difícil situación de los dos empresarios (a los que se solicitaban duras penas de cárcel), obligó al gobierno español a intervenir. Las negociaciones fueron difíciles, y el PDGE llegó a amenazar con declarar el estado de sitio en Bata. Finalmente, los empresarios fueron indultados, pero durante unos meses el gobierno español no intercedió a favor de la democracia, por temor a perjudicar a los encarcelados (verdaderos rehenes con los que Obiang presionaba a España).
Octubre
Se legalizan cinco grupos opositores: Unión Popular, Partido del Pro-greso, Partido Socialdemócrata, Unión para la Democracia y el Desarrollo Social y la Alianza Democristiana.
El día 23, dos empresarios españoles son detenidos acusados de cons-pirar contra el Gobierno. Posteriormente son condenados a 12 años de prisión. La mediación del Gobierno español consigue su indulto.
Noviembre
11 partidos de la oposición crean la Plataforma de la Oposición Conjunta (POC).
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La población no se resignaba a aceptar la dictadura de Obiang, y el miedo dejó paso, lentamente, al desafío.
En 1992, el impacto de la caída de algunos dictadores africanos fue extraordinario en Guinea. La población empezó a superar el miedo y las criticas al gobierno surgieron abiertamente. Las detenciones masivas de opositores registradas en febrero de 1992 tuvieron un amplio eco en la prensa española, y el PSOE se vio obligado a replantear su posición respecto a la dictadura guineana. El embajador en Malabo cursó una protesta formal ante el presidente guineano, el cónsul en Bata se destacó por su defensa de los presos políticos, y fue suspendida "por Fazones técnicas" la Comisión Mixta de Gestión de los Recursos de Cooperación.
Obiang respondió a las presiones españolas intensificando sus contactos con Francia. La creación de un "Ministerio de la Francofonia" era una clara provocación al gobierno español, que siempre ha temido perder su influencia en el único país de África Negra de lengua española.
Esta estrategia del gobierno guineano paralizó las protestas de España y Francia; quedando las reivindicaciones democráticas en manos del embajador estadounidense, John Bennet, muy activo en la defensa de los derechos humanos y frontalmente opuesto a la dictadura nguemista.
Ante la pasividad del PSOE, Adolfo Suarez se ofreció para actuar como mediador entre el Partido "Democrático" de Guinea Ecuatorial (PDGE, en el gobierno), y los partidos de la oposición, intentando utilizar la transición española como modelo para Guinea Ecuatorial. Suarez obtuvo el acuerdo de ambas partes, y en mayo de 1992 vistió Malabo, pero tuvo muchas dificultades en sus tareas, al ser sometido a un fuerte control policial. Las gestiones del ex-presidente español fructificaron con el indulto concedido por Obiang a algunos presos políticos, pero el gobierno guineano se opuso a que Suarez visitara de nuevo el país, y llegó a reforzar militarmente la vigilancia del aeropuerto de Malabo para evitar su entrada en el país.
Ante la postura del dictador guineano, Suarez, Izquierda Unida y el Partido Popular denunciaron la actitud dictatorial del PDGE, y el PP pidió que se suspendiera toda la cooperación con Guinea Ecuatorial hasta que Obiang demostrara claramente su voluntad-democratizadora. El PSOE, presionado por la oposición, solicitó tímidamente a Teodoro Obiang que impulsara la democratización del país, a lo que este respondió repudiando esta "injerencia en asuntos internos", y acusando a Severo Moto (uno de los principales portavoces de la oposición) de ser un "maleante manejado por España". Para evitar un mayor deterioro de las relaciones, el embajador español Arturo Abelló se negó a recibir a los representantes de la oposición, que se habían entrevistado, por las mismas fechas, con el embajador norteamericano.
Enero
El día 23 es designado un Gobierno de transición, compuesto exclusivamente por miembros del PDGE, mientras se establece el sistema político pluripartidista. Se decreta una amnistía general que se extiende a todos los exiliados políticos.
Febrero
Las autoridades judiciales guineanas decretan la detención de varios opositores al régimen de Obiang por calumnias al presidente e intentar sacar del país propaganda subversiva.
El ministro de Asuntos Exteriores y Francofonía, Benjamín Mba Ekúa Mikó comunica a los jefes de las representaciones diplomáticas acreditados en Malabo las restricciones impuestas sobre relaciones o contactos con la población local.
Septiembre
En septiembre de 1992, los mercenarios marroquíes detuvieron en Malabo al periodista español Jesús Navares, con el objetivo de bloquear su tarea informativa. La embajada española consiguió evitar que este fuera encarcelado, pero fue decretada su expulsión, bajo la acusación de espionaje en favor del gobierno español. A las criticas por violar el derecho a la libertad de prensa, Obiang respondía implicando a España en supuestas maniobras neocoloniales.
Superado este incidente, un nuevo factor fue a enturbiar las difíciles relaciones diplomáticas entre España y Guinea. En octubre de 1992 fueron detenidos en Bata los empresarios españoles Santiago Hanna (la mayor fortuna del país) y Salvador Vilarrassa. El gobierno guineano los acusaba de suministrar armas a la oposición guineana para preparar un movimiento guerrillero. Con esta acción, Obiang intentaba desprestigiar a la oposición (caracterizada por su pacifismo), pero también presionar a España, implicándola subrepticiamente en este affaire. La población guineana no creyó en ningún momento las teorías de Obiang, acostumbrada ya a los montajes publicitarios sobre espectaculares "complots" de potencias extranjeras. Pero la difícil situación de los dos empresarios (a los que se solicitaban duras penas de cárcel), obligó al gobierno español a intervenir. Las negociaciones fueron difíciles, y el PDGE llegó a amenazar con declarar el estado de sitio en Bata. Finalmente, los empresarios fueron indultados, pero durante unos meses el gobierno español no intercedió a favor de la democracia, por temor a perjudicar a los encarcelados (verdaderos rehenes con los que Obiang presionaba a España).
Octubre
Se legalizan cinco grupos opositores: Unión Popular, Partido del Pro-greso, Partido Socialdemócrata, Unión para la Democracia y el Desarrollo Social y la Alianza Democristiana.
El día 23, dos empresarios españoles son detenidos acusados de cons-pirar contra el Gobierno. Posteriormente son condenados a 12 años de prisión. La mediación del Gobierno español consigue su indulto.
Noviembre
11 partidos de la oposición crean la Plataforma de la Oposición Conjunta (POC).
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Fuente: AI:
Diciembre
Tras la huelga de profesores y la revuelta estudiantil del día 17 se producen más de cien detenciones. Posteriormente, el 8 de enero de 1993, el Gobierno de Guinea Ecuatorial presenta una protesta formal contra varios diplomáticos de las Embajadas de España y Estados Unidos y de la Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas, a los que acusa de “injerencia en los asuntos internos del país”. El Gobierno de Malabo acusa a los diplomáticos de “estar detrás de la violencia, e instigar aquellas revueltas”.
Ante las detenciones masivas de estudiantes y opositores guineanos, el embajador norteamericano en Malabo, John Bennet, se enfrentó al español, Arturo Abelló, otorgándole la responsabilidad de estos sucesos.
Realmente, no cabe ninguna duda de que el gobierno español ha actuado en algunos casos con sorprendente debilidad - cuando no con clara complicidad - ante los excesos de la dictadura nguemista.